Las automotrices se enojaron y advirtieron que los autos importados por particulares no tendrán garantía en el país

La Asociación de Fabricantes Automotores de la Argentina (Adefa) reclamó frente a la reciente reglamentación gubernamental que habilita la importación directa de vehículos 0km por particulares. Si bien la entidad no presentó objeciones a la medida en sí misma, subrayó la necesidad de que se respeten las mismas condiciones técnicas y de costos de homologación exigidas a las terminales y los importadores tradicionales del sector.

Esta posición revela una preocupación central de la industria automotriz sobre la equidad de las condiciones. Según le expresaron a LA NACION desde la entidad, los equipos técnicos de la agrupación que nuclea a las terminales automotrices evaluaron la normativa y detectaron una disparidad significativa en los requisitos actuales.

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Observaron que “las exigencias en materia de seguridad y emisiones para los vehículos importados por particulares serían menores que las que deben cumplir terminales e importadores al homologar un automóvil para su comercialización”. Esto se debe a que estos últimos deben obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), procesos que implican rigurosos controles y certificaciones costosas para garantizar la aptitud de los vehículos en el mercado.

Esta semana, el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), determinó el reemplazo en el caso de la importación de 0km llevada a cabo por particulares de las las LCM y LCA por el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), lo que permite simplificar la adquisición individual de automóviles en el exterior.

Para obtener la CSV es necesario gestionar un informe técnico para verificar las condiciones de seguridad. El mismo tiene un monto de $100.000, un número que resulta “exiguo”, según la entidad, si se lo compara con la “elevada inversión en ensayos, crash tests y calibraciones” que la industria debe realizar para homologar un vehículo para que circule en el país.

Estos procesos “insumen períodos que superan los 12 meses” para las empresas establecidas, uno de los ítems que para las marcas evidencian una brecha entre el esfuerzo y los recursos necesarios para validar un vehículo antes de su puesta en el mercado nacional.

Aún así, los costos de las licencias son absorbidos por las marcas en todo su portfolio, generando que se diluya el gasto entre los modelos. En contrapartida, quien decida importar por su cuenta debe afrontar el gasto del certificado directamente por una única unidad.

Adicionalmente, la asociación advirtió a los consumidores sobre los riesgos inherentes a la adquisición de vehículos no comercializados oficialmente en el país. Al no estar homologados por una terminal o importador, alertaron que “estos automóviles carecen de garantía y de soporte de postventa (repuestos y servicio) para ese modelo o versión”.

La ausencia de estos elementos cruciales podría generar complicaciones futuras para los propietarios, quienes podrían encontrarse sin respaldo formal ante eventualidades técnicas o la necesidad de mantenimiento específico. Resta conocer si esto no generaría conflictos para las automotrices con sus casas matrices en caso de que el particular haya comprado el vehículo en centros oficiales.

El CSV será exigible para vehículos de categorías M1 (automóviles de pasajeros) y N1 (vehículos comerciales livianos con peso bruto total hasta 3500 kg). Para obtener el informe técnico previo, la ANSV dispuso que podrá ser elaborado por talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con equipamiento adecuado, registrados en la Secretaría de Transporte. De forma transitoria, se aceptarán informes de talleres de cualquier jurisdicción hasta la implementación de un registro nacional. También podrán firmarlos bajo declaración jurada ingenieros matriculados, lo que ofrece una flexibilidad inicial al sistema.

A su vez, la Disposición 11/2026 detalló los aranceles. Asigna un valor en módulos al trámite del CSV. El primer certificado por titular en doce meses costará 20.000 módulos, aproximadamente unos $100.000. Para cada subsiguiente del mismo titular en ese lapso, el arancel asciende a 100.000 módulos, lo que equivaldría a $500.000, buscando limitar importaciones recurrentes y desincentivar un posible uso comercial de esta vía.

Según recopiló el el medio especializado Autoblog, los dos primeros vehículos importados por particulares que obtuvieron la aprobación del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) fueron una Toyota Tundra Hybrid y un Honda Civic Type R, dos modelos que actualmente no se comercializan en la Argentina.