Históricamente, la Cuarta Enmienda protege a los habitantes de EE.UU. contra registros irrazonables, exigiendo que la policía o ICE tengan una orden judicial (basada en causa probable de un delito) para entrar a una casa sin consentimiento.
Sin embargo, el nuevo documento de 2025, firmado por el director interino Todd Lyons, argumenta que las leyes de inmigración "no prohíben" el uso de la fuerza para ejecutar órdenes administrativas de deportación.
La recomendación legal estándar de las organizaciones de derechos civiles se mantiene firme, aunque ahora es más riesgosa: No abrir la puerta. Los agentes deben identificarse y explicar su propósito. Si no tienen una orden firmada por un juez (judicial warrant), legalmente no deberían entrar. Sin embargo, este nuevo memo instruye a los agentes a dar una "oportunidad razonable" para abrir y, si se niega el acceso, usar la "fuerza necesaria" para ingresar.


