El caso del Hospital del Bicentenario PAMI: entre el reordenamiento territorial y la interna que el Gobierno no quiere ver

Una semana después de que elDiarioAR diera a conocer el desplazamiento del director del Hospital del Bicentenario PAMI de Ituzaingó, el caso empezó a leerse, en voz baja, como una señal más del modo en que se ordena el poder en el conurbano. Pero la intensidad con la que el episodio se vive en el territorio no parece tener un correlato directo en la Casa Rosada. En Balcarce 50, según reconstruyó este medio, el corrimiento del médico Santiago Cerneaz y su reemplazo por una figura vinculada al peronismo bonaerense no desató una alarma abierta ni un movimiento de urgencia, sino una reacción más bien matizada, como si se tratara de un reacomodamiento esperado dentro de una estructura que sigue su curso.

El Hospital del Bicentenario y la caja de la salud: el conurbano pone a prueba el relato de Milei

El episodio, sin embargo, vuelve a exponer una contradicción de fondo: en la provincia de Buenos Aires, donde la salud suele funcionar como caja y moneda de negociación, el discurso del “fin de la casta” choca con prácticas que sobreviven a todos los cambios de gobierno. En el municipio, en cambio, la lectura fue inversa: el movimiento se interpretó como una oportunidad para “recuperar” el hospital para la comunidad y reinsertarlo en el esquema territorial del intendente Pablo Descalzo.

Mientras que puertas adentro del Gobierno el caso es relativizado, en Ituzaingó, en cambio, el desplazamiento fue leído por los referentes libertarios como una señal de alarma y un golpe directo a la promesa de ruptura. Fuentes vinculadas al hospital sostienen que el conflicto no fue por un nombre sino por el intento de alterar un sistema aceitado desde antes. “No quieren que internen a la gente. Quieren derivarla”, resumió un interlocutor que conoce el funcionamiento cotidiano del centro.

La acusación apunta a una práctica histórica: que los afiliados del PAMI no permanezcan en un hospital público con capacidad instalada, sino que sean enviados a clínicas privadas del conurbano, un circuito que, según esas versiones, concentra negocios de internación y prestaciones. “Las cuevas mata-viejos”, exageran algunos, en referencia a instituciones que reciben pacientes derivados de manera sistemática. En ese esquema, señalan, la Unidad de Gestión Local (UGL) cumple un rol decisivo como engranaje territorial que autoriza derivaciones y sostiene acuerdos con actores privados. En el PAMI, explican, el poder no está solo en la sede central: en las UGL se define buena parte del circuito cotidiano de prestadores, pagos y derivaciones, una suerte de mini Estado paralelo que atraviesa gobiernos sin demasiadas alteraciones.

En el entorno libertario de Ituzaingó, además, la designación de Christian Varela es leída como algo más que un recambio técnico. Según fuentes al tanto de la interna del PAMI, Varela habría llegado “recomendado” por Martín Rodríguez, exnúmero dos del organismo durante la gestión anterior y uno de los dirigentes territoriales más cercanos a Máximo Kirchner. Para los referentes locales de La Libertad Avanza, ese padrinazgo político refuerza la sospecha de que el desplazamiento de Cerneaz no respondió a criterios sanitarios sino a un reordenamiento más amplio, donde viejas estructuras del kirchnerismo conservan capacidad de influencia sobre áreas sensibles del Estado, incluso bajo el gobierno de Javier Milei.

Descalzo, mientras tanto, ya se prepara una narrativa política de signo contrario. Según aseguraron fuentes extraoficiales a elDiarioAR, el intendente planea en las próximas semanas un anuncio para presentar que el hospital fue “recuperado para la comunidad”, incluso con la posibilidad de un acto junto al gobernador Axel Kicillof.

Para el peronismo territorial, el episodio abre la puerta a retomar el control simbólico de un hospital inaugurado a las apuradas antes de la veda electoral de 2023 y atravesado desde entonces por una disputa soterrada entre Nación y el distrito. Para los libertarios que acompañaron a Cerneaz, en cambio, esa eventual foto sería el cierre perfecto: un hospital nuevo reabsorbido por la lógica clásica del conurbano, donde el territorio impone reglas propias mientras el centro del poder observa con distancia.

Denuncias y pactos

Las acusaciones que circulan en el territorio van más allá de cualquier cambio de nombre. Describen un hospital atravesado por contratos sensibles, con proveedores históricos y costos inflados. Un ejemplo reiterado es el retiro de residuos patológicos: apuntan a órdenes de pago firmadas por la administradora Corina Martín por cifras muy superiores a lo efectivamente retirado. En un sistema donde cada movimiento implica millones, la disputa por el control de esas prestaciones se vuelve central. También hablan de un desbalance interno. “Hay más guardias de seguridad que médicos”, deslizó a elDiarioAR una fuente involucrada, en una postal que sintetiza el clima actual del hospital, con más chalecos que guardapolvos.

El episodio del empleado dado de baja y reincorporado dos semanas después, ya mencionado en la nota pasada, sigue funcionando como emblema. En noviembre, Cerneaz firmó la resolución para desafectar a una persona que figuraba en la nómina pero que nadie identificaba. A los pocos días, el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, lo reincorporó de manera directa. Para los libertarios locales, con el concejal Hugo Equiza a la cabeza, fue una señal explícita de hasta dónde llegan las resistencias internas a cualquier intento de ordenar estructuras atravesadas por prácticas clientelares.

Cerneaz, aseguran en su entorno, había intentado en esos meses abrir servicios, duplicar turnos y recortar contratos irregulares: en apenas cuatro meses llegó a dar de baja más de 40 vínculos laborales ligados a empleados sin funciones claras y esquemas de “home office” heredados de gestiones anteriores, movimientos que chocaron con intereses instalados dentro y fuera del hospital.

En las conversaciones internas aparece además el peso de La Cámpora en distintas áreas del organismo previsional. Se menciona a Roberto “Pampa” Armagno, exgerente de Prestaciones Médicas en tiempos de Alberto Fernández y operador territorial vinculado a Hurlingham, y a empleados señalados como parte de una planta que sobrevivió a todos los cambios de gestión. Incluso circula una denuncia política más amplia: que durante la campaña municipal de 2023 se habrían usado recursos de hospitales del sistema para financiar candidaturas locales, cuando el PAMI todavía era conducido por Luana Volnovich.

Son todas versiones que, en el universo libertario, funcionan como prueba de continuidad: la casta no se fue, se reacomodó. En ese marco, el silencio oficial del PAMI frente a las acusaciones refuerza la sensación de opacidad: puertas adentro hablan de reorganización, pero evitan responder sobre virtuales auditorías. “Hoy el organismo es controlado por gente de Santiago Caputo que tiene arreglos con el peronismo”, señalan, sin vueltas, desde el conurbano.

En un distrito donde la salud pública suele ser también una caja y un territorio de disputa, el caso Ituzaingó deja una pregunta abierta: si el relato libertario puede sostenerse en escenarios donde el poder real se negocia con clínicas privadas, estructuras históricas y barones locales que sobreviven a todos los cambios de época. A fin de cuentas, lo que prima es la lógica subterránea de la gobernabilidad bonaerense. Y en la Casa Rosada lo saben.

PL/MG