Acuerdos con cámaras empresarias y amenaza de paro general: las herramientas de la CGT para evitar la reforma laboral

“Esto depende de la convicción que ustedes tengan para sobrevivir. Cuando una persona quiere sobrevivir hace cualquier cosa para evitar que la maten”. Las palabras de José Mayans repiquetearon en el Sindicato de Seguros ante la mirada seria de los secretarios generales de la CGT. Atrapados entre el Gobierno, que amenaza con sacar la reforma laboral solo con el apoyo de los gobernadores, y los sindicatos más combativos, que amenazan con un paro general, los triunviros de la CGT volvieron a insistir: “Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para evitar que la reforma salga”. 

Reforma laboral: el Gobierno acepta cambios y la CGT prepara una contrapropuesta

La CGT sabe que se juega su supervivencia en el debate de la reforma laboral y promete, en diálogo con todos sus interlocutores, que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para evitar que se sancione. Así se lo dijeron los tres secretarios generales –Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo– a los jefes de bloque peronistas, Mayans y Germán Martínez, el jueves pasado en una reunión privada en el sindicato que preside Sola, ubicado a unos metros de Tribunales. Estaban también la diputada Paula Penacca y el senador Mariano Recalde, voceros de Cristina Fernández de Kirchner en el debate por la reforma laboral.

Se definió avanzar con un plan de acción. La CGT se comprometió a retomar el diálogo con los gobernadores peronistas aliados del Gobierno, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), que habían manifestado su simpatía con la central sindical en diciembre y, ahora, le prometen su apoyo a Diego Santilli cuando visita sus provincias. Irán a visitarlos y, luego, se contactarán con otros potenciales aliados, como Martín Llayora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En paralelo, trabajan con su contraparte sectorial: las cámaras empresarias. Unos días antes de la cumbre política en el sindicato del Vidrio, los triunviros de la CGT se reunieron con los representantes de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos) para discutir el proyecto del Gobierno y sellaron una alianza inesperada. “Ellos están lejos de los objetivos de la ‘modernización’. Y coinciden con nuestra mirada de que no debe tratarse en forma apresurada e inconsulta”, explicó uno de los dirigentes de la CGT que participó de la cumbre secreta. 

Las cámaras empresarias mantienen un vínculo conflictivo con la reforma laboral. Puertas afuera, entidades como CAC (Cámara Argentina de Comercio) o la UIA (Unión Industrial Argentina) sostienen que acompañan, en líneas generales, el “rumbo” de la reforma laboral y muchas de los cambios que introduce en un nuevo marco de relaciones laborales (que flexibiliza la contratación, reduce la indemnizaciones y abre la puerta a eliminar las horas extras). Pero existen algunos puntos, especialmente entre las cámaras que nuclean a las pequeñas y medianas empresas, que generan resquemor y encuentran en la CGT y su rechazo al proyecto un aliado inesperado. 

En total, hay unos cinco puntos de la reforma laboral que hermanan en el rechazo a la CGT y las cámaras empresarias. El más importante es el que pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir el artículo 161 del proyecto que termina con el principio de que los convenios mantienen su vigencia hasta que se los reemplaza por otro. El proyecto del Gobierno afecta solo a las cláusulas obligacionales de los convenios (no a las salariales), pero la CGT está en alerta porque podría afectar a las cuotas solidarias que financian a los sindicatos. En el caso de las empresas la preocupación es que la eliminación de la ultraactividad genere vacíos legales que aumenten la litigiosidad. 

Otro de los puntos que ambas entidades rechazan, tanto la sindical como la empresarial, es la que elimina la prevalencia de los convenios por actividad por sobre empresa. Un punto que, para los sindicatos, representa una descentralización de la negociación colectiva y, por lo tanto, una mayor debilidad de los sindicatos a la hora de negociar. Y que, para las medianas empresas, mientras tanto, podría abrir la puerta a una competencia desleal (ya que la negociación de cada empresa dependerá del nivel de debilidad o dureza de las comisiones internas). 

Otros puntos, todos enviados a la asesora de Patricia Bullrich en material laboral en el Senado, Josefina Tajes, refieren a la eliminación de los aportes patronales a las asociaciones empresarias –que podrían desfinanciarse– y al que faculta a la secretaría de Trabajo a suspender la homologación de un convenio colectivo. 

El juego de las desconfianzas

Mientras la CGT profundiza sobre las alianzas más impensadas, el peronismo mira de reojo. Se acordó una estrategia común, pero existe en las bancadas peronistas –especialmente en las alas kirchneristas y más combativas– una desconfianza de base a los verdaderos objetivos de la CGT. Predomina la sospecha que la CGT buscará negociar primero con el Gobierno para voltear los artículos que van contra los derechos colectivos y, luego, dejará librados a su suerte a los que refieren a los derechos individuales, como vacaciones o indemnizaciones. Es lo que intuye Cristina Fernández de Kirchner y es lo que sostienen, con crudeza, aunque en privado, muchos de los legisladores que le responden. 

“La CGT está desesperada por negociar con el Gobierno”, asegura un peso pesado del kirchnerismo, que especula con que la dureza de la postura de la CGT dependerá, al final del día, de si los embajadores políticos de los Milei aceptan algunos de sus pedidos.

Es por este motivo que algunos sindicatos más combativos comenzaron a presionar con la idea de ir a un paro general antes de que se debata el proyecto en el Senado el 11 de febrero. El titular de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Abel Furlán, reunió la semana pasada a una veintena de sindicatos industriales y, luego, se reunió con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, para coordinar mayores medidas de fuerza. La CTA, la segunda central sindical más grande después de la CGT, se reunirá, además, la semana próxima para definir un plan de acción y se espera que se convoque un paro general. 

La CGT siente la presión y no descarta, puertas afuera, la posibilidad de avanzar con un paro general. La última medida que impulsó la central sindical fue una movilización el 18 de diciembre y logró, en principio, que el debate se pateara para febrero. Algunos de los sindicalistas más combativos apuestan a repetir el resultado, pero los triunviros de la CGT desconfían: no ven que haya clima para un paro general y esperan, primero, a que haya una respuesta del Gobierno. Cualquiera sea. 

MCM/CRM