En un pronunciamiento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Iglesia rechazó la propuesta del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad penal y reclamó “transformaciones profundas” para dar respuestas a la inseguridad juvenil.

“Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, expresó el organismo episcopal, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Gustavo Braida. El organismo reclamó “cambios profundos que garanticen oportunidades reales para niños, adolescentes y jóvenes”.

La Iglesia fijó su posición en momentos en que el gobierno de Javier Milei oficializó la incorporación del debate para bajar la edad de imputabilidad al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

En la Argentina, la edad de imputabilidad penal es de 16 años y la gestión libertaria apunta a bajarla a 13, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales. La iniciativa se apoya en antecedentes de países de la región, como Brasil y Uruguay, donde la imputabilidad penal comienza a los 12 y 13 años, respectivamente.

Al describir “una realidad que nos interpela”, los obispos que integran la comisión de Pastoral Social lamentan que “desde hace muchos años la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo”.

Esa situación, explica la Iglesia, provocó “innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”.

En el pronunciamiento, la Iglesia expresa su solidaridad con “tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”.

Los menores y el delito

Frente a las propuestas que” hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”, los obispos advierten que la última estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal–Sistema Alerta Temprana, del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total en la Argentina.

En ese sentido, basados en dicha estadística, que data de 2023, detallan que en los casos de robos de motocicletas, los menores de 15 años acusados fueron el 5,1%; mientras que los acusados de 16 a 17 años resultaron el 11,3 % del total.

Indican, además, que según los registros oficiales, los menores de 15 años inculpados por hurto de automotores fueron el 3,93 %, mientras que los adolescentes de 16 y 17 años constituyeron el 8,1 por ciento.

“La problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores, que hacen necesarias las voces de especialistas, como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes”, opiniones calificadas que “no aparecen con tanta frecuencia en los debates mediáticos”.

En función de los abordajes más complejos de la problemática las voces de especialistas, los obispos concluyen que “la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”.

El análisis de la Comisión de Pastoral Social señala que “hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas y reitera el llamado a combatir el narcotráfico.

“Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. ¡Es necesario combatir el narcotráfico! Pero de esto se habla poco”, advierten los obispos.

E insisten en que “desde hace décadas, el narcotráfico viene ganando territorio y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes”.

Reinserción social y educación

En el pronunciamiento, la Iglesia se pregunta dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de edad de imputabilidad. Pone, así, en duda los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen.

“Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”, dicen los obispos.

Concluyen, de este modo, que “cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación y plantean que “para un proyecto de país inclusivo, fraterno y desarrollado, el país necesita más escuelas que cárceles y más docentes que guardiacárceles”.

Pastoral Social concluye que “es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes, que tengan motivos para soñar y para creer que es posible un futuro con esperanza, y una salida que no sea Ezeiza, las drogas, las armas o el cementerio”. Y entiende que “para ello se requiere un debate serio, un compromiso profundo y la grandeza de pensar políticas públicas a largo plazo”.