El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general Rob Bonta, salieron a aclarar en público que las agencias del estado tienen jurisdicción para investigar delitos bajo ley estatal, incluso cuando hayan sido cometidos por agentes federales, en una clara alusión a lo ocurrido en manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota.

Newsom contra el ICE por las muertes de Minnesota

La reacción de Newsom se produce tras la “negativa a cooperar” de Washington en investigaciones por las muertes recientes de Renee Nicole Good, baleada durante un cruce con agentes del ICE en Mineápolis el 7 de enero; y la muerte de Alex Pretti, un enfermero dedicado a los veteranos de guerra que también murió baleado en esa ciudad durante un operativo de miembros de la Patrulla Fronteriza.

Según Newsom, los “funcionarios de la administración Trump han mentido repetidamente al pueblo estadounidense”. California no puede “subcontratar su deber de protección simplemente aceptando las narrativas federales”.

En un comunicado de prensa, el gobernador insistió en que, en tiroteos fatales, “nadie debería poder irrumpir, incautar pruebas y controlar la narrativa antes de que fuerzas del orden estatales y locales tengan acceso legal”.

Obstrucción de la investigación en Minnesota

Las preocupaciones de California se intensificaron por la obstrucción federal en Minnesota, donde se revisa la trágica muerte del enfermero Alex Pretti.

Un juez designado por Trump ordenó a la administración federal no destruir pruebas, en medio de fuertes acusaciones de las autoridades locales por la imposibilidad de llevar a cabo investigaciones en profundidad.

El fiscal general Rob Bonta garantizó: “California está lista para tomar todas las medidas necesarias para investigar conductas ilegales de agentes federales en nuestro suelo, y donde los hechos lo justifiquen, presentar cargos por violaciones del Código Penal de California”.

La orden del jefe de los fiscales de California

Bonta enfatizó que, aunque la colaboración federal-estatal fue común, “ya no se puede esperar cooperación del gobierno federal”. Esta realidad “no cambia nuestra responsabilidad de llevar a cabo una investigación independiente de delitos bajo ley estatal”.

Las instrucciones del Departamento de Justicia de California sostienen que:

• El estado tiene autoridad principal para investigar y procesar violaciones de ley penal estatal, incluso por agentes federales.
• Las agencias de California pueden investigar independientemente y no están obligadas a deferir.
• El Departamento de Justicia asistirá y procurará órdenes judiciales para asegurar pruebas.

Según dijeron Newsom y Bonta, su compromiso se extiende a la lucha contra “tácticas militarizadas ilegales” de la administración Trump, defendiendo seguridad pública e integridad judicial.

La pelea legal contra el ICE

Esta iniciativa se alinea con acciones previas de Bonta. La semana pasada, lideró un amicus curiae apoyando la demanda de Minnesota contra la “extraordinaria campaña de ilegalidad” de Trump por despliegue de agentes federales en Minneapolis y Saint Paul.

Previamente, Bonta encabezó coaliciones que presentaron amicus curiae oponiéndose a “paradas de inmigración ilegales” en el Valle Central y buscando una orden de restricción contra “prácticas ilegales” de ICE y CBP en Los Ángeles.

Recientemente, Newsom y Bonta obtuvieron una decisión judicial que puso fin al despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, deteniendo su federalización.