Año retador para franquicias

El escenario que se ha venido construyendo en los últimos años en el panorama económico de nuestro país no hace excepciones. En el rubro de franquicias, que tradicionalmente ha alcanzado un desempeño superior a la media del país, difícilmente se vislumbran condiciones de mayor complejidad que las actuales. Desde la pandemia, un número notable de negocios, específicamente en giros particulares arrastran números rojos.

Entre los factores que tienen mayor incidencia es necesario poner en un lugar alto de la lista la rampante inseguridad en diversas ciudades del país en las que, o se exige derecho de piso que lastima de manera transversal a toda clase de negocios, o se inhibe la inversión ante los índices crecientes de hechos delictivos. En algunos casos, franquicias que tienen claramente vocación nacional, han clausurado la opción de otorgar nuevas unidades en 10 a 12 ciudades en las que tradicionalmente operaban, con lo que no solo pierden rentabilidad, sino que la red de publicidad, proveeduría y presencia de marca sufre daños sensibles.

Un factor adicional, eventualmente ligado al tema de seguridad, es el del elevado costo de locales comerciales con buena ubicación en determinadas ciudades del país. Las rentas de las mejores plazas comerciales han regresado a valores que la pandemia había moderado, haciendo que sólo marcas con rendimientos notables puedan sostener los pagos de traspasos y rentas de montos de esa magnitud.

Los costos de mano de obra, otrora ventaja de negocios con uso intensivo de personal se ha transformado en función de los incrementos a salarios mínimos generando despidos o parcialización del trabajo que merma la capacidad productiva en forma directa. Al propio tiempo, la baja del padrón patronal manda claras señales del estancamiento económico que, en el último eslabón de la cadena comercial, se vive con un mercado mermado por pérdida de confianza y un inicio de año plagado de incertidumbre.

Finalmente, un factor más que incide la desaceleración del sector es la dificultad que entraña la formación de una nueva empresa, que suele ser uno de los primeros pasos en la consecución de una unidad de franquicia. A la lentitud con la que el sistema de autorización de denominaciones sociales de la Secretaría de Economía dispensa los permisos, que puede consumir hasta dos meses, hay que añadir los retrasos en altas fiscales y trámites bancarios, que muchas veces atrofian los planes comerciales hasta el punto de descarrilarlos.

No es responsabilidad del gobierno generar empleo ni crecimiento económico per se, pero sí es su responsabilidad crear condiciones óptimas para que puedan florecer y consolidarse nuevos negocios. No solo estamos lejos de esa meta. Todos los indicadores empiezan a mostrar el cansancio de una espera que no transita hacia mejores escenarios.