Juez ratifica salida de Romero Tellaeche por incumplir con estatutos y transparencia

El conflicto por la titularidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha escalado al terreno legal con un primer resultado adverso para la administración saliente. Tras su destitución el pasado lunes 26 de enero, José Antonio Romero Tellaeche intentó frenar su salida mediante una demanda de amparo; sin embargo, un juez federal negó la suspensión provisional, ratificando —por ahora— su separación del cargo.

El recurso, radicado como el amparo indirecto 50/2026 en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, pretendía la reinstalación inmediata de Romero Tellaeche bajo el argumento de una remoción irregular. No obstante, el juzgador determinó que no se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar.

Al negarse la suspensión, Romero Tellaeche no podrá ser reinstalado en el puesto del cual fue removido por la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz. El exdirectivo tiene la opción de impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado, mientras espera la audiencia del próximo 6 de febrero, donde se decidirá si se le concede o no la suspensión definitiva.

Cambio marcado por la resistencia

La salida de Romero Tellaeche pone fin a una gestión que inició en noviembre de 2021 bajo fuertes críticas y acusaciones de imposición por parte de la comunidad estudiantil. Pese a que el exdirector manifestó su rechazo a dejar el cargo, el pasado martes la Dra. Lucero Ibarra Rojas fue presentada formalmente como directora general interina ante el Consejo Directivo del CIDE.

La Secihti hizo públicos los fundamentos legales que derivaron en la salida de Romero a través del Comunicado 7/2026. El eje central de la destitución es el incumplimiento administrativo sistemático. Según la dependencia, el exdirector violó el artículo 98 de la Ley General de la materia y el artículo 42 del Estatuto General del CIDE. La falta del exfuncionario consistió en omitir la presentación del informe de autoevaluación durante los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal.

La omisión no es menor. La normativa exige que los informes sean validados por la comunidad académica antes de presentarse ante el Órgano de Gobierno. Romero habría operado al margen de los mecanismos de transparencia.