No cumplir con la Ley Federal del Trabajo (LFT) tendrá multas millonarias. Con el ajuste del 3.6% a la UMA (Unidad de Medida y Actualización) para este año, vigente desde el 1 de febrero de 2026, los montos de las sanciones económicas se elevarán, alcanzando hasta 5.8 millones de pesos.
El valor de la UMA vigente en 2026 es de 117.31 pesos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), autoridad encargada de fijar cada año el monto de esta unidad que se usa como base o referencia económica para determinar la cuantía del pago de obligaciones como multas y créditos, así como de pensiones, por mencionar algunos conceptos.
Ahora bien, la LFT señala no sólo las obligaciones y derechos a los que tanto personas trabajadoras como empleadoras están sujetas, sino también las sanciones aplicables en caso de incumplir con la legislación.
Por ejemplo, no pagar o retrasarse con pagos de salario o de prestaciones, tener una relación de subcontratación, no registrar a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o hacerlo con un ingreso menor al realmente efectuado, violentar al personal, discriminar e incluso impedir inspecciones laborales o no contar con la documentación son algunos de los motivos de sanciones que prevé la ley.
A los patrones que no cumplan con las siguientes obligaciones en pro de los derechos de las personas trabajadoras se les impondrán las siguientes multas:
El artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo señala que, en caso de reincidencia, “se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior”. Agrega que cuando un solo acto u omisión afecte a más de una persona trabajadora, la sanción se impondrá por cada sujeto afectado.
“Si con un solo acto u omisión se incurre en diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas, de manera independiente”, refiere la LFT.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la encargada de aplicar estas multas, derivadas de las inspecciones ordinarias y extraordinarias realizadas por las autoridades locales y federales, tras revisiones que, en muchos casos surgen a raíz de una queja de un trabajador.
El monto específico de cada multa se determina considerando factores como la gravedad de la infracción, la intencionalidad del patrón, el número de personas trabajadoras afectadas, la reincidencia y la capacidad económica del empleador, según lo dispuesto en la legislación.


