Comienza el juicio por Sueños Compartidos, al filo de la prescripción

Al filo de la prescripción y a unos 15 años del escándalo, comenzará la semana que viene el juicio por el caso de Sueños Compartidos, el plan de viviendas populares de Madres de Plaza de Mayo, en el que se investiga si hubo desvío de fondos públicos que terminaron en manos privadas.

Serán juzgados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y los exfuncionarios Julio de Vido, José López, Abel Fatala, entre otros. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, era una de los acusadas, pero falleció en 2022.

El caso está en riesgo de que prescriba a fin de año por el delito de administración fraudulenta, por eso es que se decidió ponerle fecha para empezar el juicio oral el miércoles 11 de febrero próximo y terminar antes de fin de 2026. El tramo sobre lavado de dinero será juzgado más adelante.

El fiscal del juicio es Diego Velasco y los jueces son Adriana Palliotti, Adrián Grumberg y Daniel Obligado. La investigación es por lavado de activos. Esta estrategia busca asegurar una sentencia sobre el delito precedente antes de que se extingan los plazos legales.

En el caso se investiga el plan de viviendas de Madres de Plaza de Mayo, que recibió entre 2008 y 2011 748 millones de pesos. Se investiga el supuesto desvío de unos 206 millones a empresas controladas por los Schoklender —como la constructora Meldorek S.A.

Se investiga el uso de estos fondos para gastos suntuarios como la compra de un yate o propiedades.

A su vez se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por el propio Sergio Schoklender y emisión de cheques que “lo tenían como beneficiario”.

En esta última maniobra están incluidos cadetes y motoqueros de la fundación, que eran obligados a retirar el dinero de los bancos con cheques de baja denominación. Según declararon, la orden la recibían del área de Finanzas, controlada por cercanos a Schoklender.

El juicio contó con la declaración como testigos de ex gobernadores y ex intendentes que firmaron los convenios donde debían realizar las obras.

​La contratación de Madres de Plaza de Mayo era obligatoria por indicación del Ministerio de Planificación Federal, a cargo por entonces de De Vido.

El caso -en el que intervino hasta la Corte Suprema de Justicia- se inició en 2011 tras una investigación periodística que reveló las desavenencias en el seno de la Fundación por la administración de los bienes.

Recién en 2019, el caso fue elevado a juicio oral por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, tras años de trámite en manos de Norberto Oyarbide, que fue apartado de la causa.