Millones desviados y cero castigos; gobierno reconoce que no funciona el Sistema Nacional Anticorrupción

Millones de pesos desviados, investigaciones inconclusas y ningún castigo ejemplar. Ese es el saldo que arrastra el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a casi diez años de su creación y que ahora el propio gobierno federal reconoce como un modelo que no ha funcionado.

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el sistema “no ha funcionado muy bien” y anunció que su administración impulsará cambios de fondo para replantear su operación.

El reconocimiento se dio durante su conferencia matutina del pasado 2 de febrero, donde adelantó que ya se trabajan iniciativas legislativas orientadas a modificar el esquema anticorrupción y a reforzar la participación ciudadana, uno de los pilares que, en los hechos, nunca logró consolidarse.

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Instalado formalmente en junio de 2016, el Sistema Nacional Anticorrupción fue diseñado para coordinar a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.

Sin embargo, en casi una década, el SNA no ha logrado llevar a sentencia firme ninguno de los grandes escándalos documentados por auditorías e investigaciones periodísticas.

Entre 2018 y 2026, algunos de los casos más representativos son:

• Segalmex , Diconsa y Liconsa
  
  • Desvíos, contratos irregulares y pagos sin comprobar por más de 15 mil millones de pesos, documentados por la Auditoría Superior de la Federación, sin sentencias firmes
• Caso Emilio Lozoya: Odebrecht y Agronitrogenados
  
  • Avances judiciales, denuncias de sobornos a exfuncionarios y legisladores, pero sin condenas ni reparación del daño al Estado
• Contratos irregulares en Pemex
  
  • Adjudicaciones directas, sobrecostos y opacidad en obras y servicios, incluidas refinerías y contratos estratégicos
• Irregularidades en el Tren Maya
  
  • Falta de estudios ambientales completos, ampliaciones presupuestales y modificaciones contractuales cuestionadas por órganos fiscalizadores
• Birmex y compras de medicamentos
  
  • Compras fallidas, contratos cancelados y posibles sobreprecios que provocaron desabasto en el sistema de salud
• Caso Conacyt
  
  • Denuncias penales contra exfuncionarios y académicos, señaladas por especialistas como un uso político del combate a la corrupción
• Instituto Nacional de Migración
  
  • Señalamientos recurrentes por corrupción interna, tráfico de influencias y omisiones, particularmente tras la tragedia de Ciudad Juárez
• Gobiernos estatales bajo investigación
  
  • Exgobernadores y altos funcionarios señalados por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, con procesos inconclusos y escasas sentencias

Sheinbaum afirmó que la reforma buscará fortalecer los mecanismos de denuncia y dar mayor peso a la ciudadanía dentro del sistema. También adelantó cambios en el Comité de Participación Ciudadana, un órgano que debía ser el vínculo entre sociedad y autoridades, pero que ha operado con incidencia limitada.

Para especialistas y exintegrantes del propio sistema, el problema no ha sido la falta de estructura, sino la ausencia de seguimiento, coordinación y voluntad política.

El reto para el nuevo gobierno será traducir el reconocimiento del fracaso del SNA en castigos reales, recuperación del dinero público y protección a quienes denuncian corrupción.

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