El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) atraviesa uno de sus momentos más complejos para la población migrante latinoamericana en Estados Unidos. Cancelaciones administrativas, fallos judiciales y extensiones condicionadas marcan el escenario vigente en febrero de 2026.
El TPS es una figura migratoria de carácter excepcional que se concede a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. No otorga residencia permanente ni ciudadanía, pero permite permanecer legalmente en EE.UU. mientras la designación esté vigente.
En el contexto actual, este carácter temporal se ha vuelto más evidente debido a la revisión y cancelación de varias categorías. En febrero, cuatro países latinoamericanos concentran la atención: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Cada uno enfrenta un escenario distinto.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), El Salvador continúa como el único país latinoamericano cuya designación de TPS se mantiene plenamente activa sin una cancelación anunciada.
La protección para ciudadanos salvadoreños se extiende hasta el 9 de septiembre de 2026, de acuerdo con el régimen vigente del DHS. Esto implica que, al menos hasta esa fecha, los beneficiarios conservan la protección contra la deportación.
En cuanto a los permisos laborales, los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) fueron extendidos de forma automática. Estas medidas cubren múltiples categorías con vencimientos anteriores, que abarcan desde 2018 hasta 2025, y permanecen válidas hasta el 9 de marzo de 2026.
La extensión automática busca evitar interrupciones en el empleo de los beneficiarios mientras continúa vigente la designación.
La situación de Honduras y Nicaragua es similar y se encuentra marcada por la intervención directa de los tribunales federales. En ambos casos, la secretaria del DHS, Kristi Noem, determinó que las condiciones que justificaron el TPS ya no existían, por lo que el beneficio se dio por finalizado el 8 de septiembre de 2025.
No obstante, el 31 de diciembre de 2025, un juez del Tribunal Federal del Distrito Norte de California anuló estas decisiones en el marco del caso National TPS Alliance v. Noem. Como resultado, las cancelaciones quedaron sin efecto de manera temporal, y los beneficios asociados al TPS continúan vigentes mientras el proceso judicial sigue su curso.
Aunque el DHS manifestó su desacuerdo con el fallo y trabaja junto al Departamento de Justicia para presentar una apelación, la orden judicial mantiene activas las protecciones. Esto incluye la validez de los permisos de trabajo con fechas de vencimiento originales que van desde 2018 hasta julio de 2025, los cuales se consideran extendidos mientras la causa no tenga una resolución definitiva.
El caso de Venezuela presenta uno de los panoramas más complejos dentro del TPS. A diferencia de otros países, los ciudadanos venezolanos contaban con dos designaciones distintas, correspondientes a los años 2021 y 2023. Ambas fueron canceladas entre octubre y noviembre de 2025, tras decisiones administrativas avaladas por el Tribunal Supremo.
La designación de 2023 fue revocada de forma inmediata el 3 de octubre de 2025, al considerarse contraria al interés nacional. Posteriormente, el régimen de 2021 dejó de estar vigente el 7 de noviembre de 2025. Estas medidas implicaron la pérdida formal del TPS para la mayoría de los beneficiarios.
Sin embargo, existen excepciones relevantes:
Cuando una designación de TPS finaliza de manera definitiva, las personas afectadas dejan de contar con protección contra la deportación, permiso de trabajo y autorización de viaje. No obstante, la pérdida del beneficio no implica automáticamente la expulsión del país norteamericano, ya que pueden existir otras vías legales disponibles.
Entre las opciones más relevantes se encuentra:


