El Concejo Municipal de Nueva York abrió el año legislativo 2026 con una sesión clave que dejó definiciones de alto impacto para distintos sectores de la ciudad. A fines de enero, los concejales votaron para revertir una serie de vetos del exalcalde Eric Adams y avanzar con un paquete amplio de proyectos de ley que habían sido aprobados a fines de 2025, pero que se quedaron en suspenso.
La votación del 29 de enero, realizada en el City Hall, incluyó la anulación de 17 vetos y fue presentada oficialmente como un paso para fortalecer derechos de los trabajadores, mejorar el acceso a la vivienda y reforzar la rendición de cuentas institucional.
De acuerdo con el comunicado de prensa del Ayuntamiento difundido ese mismo día, se trató de legislación diseñada para corregir vacíos históricos y problemas estructurales que afectaban a miles de neoyorquinos, desde pequeños emprendedores hasta familias de bajos ingresos y sobrevivientes de delitos graves.
El Concejo avanzó con un paquete de leyes que busca ordenar, ampliar y transparentar el sistema de licencias para vendedores ambulantes, tanto de alimentos como de productos no alimenticios.
Desde 1979, las licencias generales para vender bienes o servicios no alimentarios estaban limitadas a 853 en total, mientras que más de 10.000 personas permanecían en lista de espera.
En el caso de la venta de comida móvil, antes de 2021 solo existían unos pocos miles de permisos disponibles. Estas restricciones fomentaron un mercado informal en el que titulares históricos alquilaban ilegalmente sus permisos a nuevos vendedores por miles de dólares al año.
El proyecto central de esta reforma es la Introduction 431-B, impulsada por la concejala Pierina Ana Sanchez. La norma amplía de manera significativa la disponibilidad de licencias y refuerza los mecanismos de control y capacitación. Según el texto aprobado, se habilitarán 2200 nuevas solicitudes anuales de licencias supervisadas para vendedores de comida móvil entre 2026 y 2031, además de 10.500 nuevas generales en 2027.
Otro punto clave fue la aprobación de la Introduction 1251-A, presentada por la concejala Amanda Farías. Esta ley autoriza al Departamento de Salud e Higiene Mental (Dohmh, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) a emitir licencias hasta alcanzar los topes establecidos en la Introduction 431-B. El objetivo es evitar que las demoras administrativas generen cuellos de botella, ya que no todas las solicitudes terminan en una licencia otorgada.
La reforma se completó con la Introduction 408-A, impulsada por el defensor del pueblo, Jumaane Williams. Esta ley crea una División de Asistencia a Vendedores Ambulantes dentro del Departamento de Pequeñas Empresas (SBS, por sus siglas en inglés). La nueva oficina tendrá la tarea de brindar recursos, orientar a emprendedores interesados en este tipo de actividad y elaborar informes anuales sobre el alcance de la asistencia.
Otro bloque relevante de la sesión fue el dedicado a los trabajadores del sector del transporte por aplicación. La Introduction 276-A, presentada por el concejal Shekar Krishnan, prohíbe que los servicios de transporte de alto volumen desactiven a conductores sin una causa justa, un motivo económico legítimo o una exigencia legal.
Krishnan afirmó que la votación envía un mensaje más allá de Nueva York y que pone fin al temor constante de despidos arbitrarios que enfrentan cerca de 100 mil conductores en la ciudad.
El Concejo también avanzó con iniciativas para abordar la creciente crisis de accesibilidad habitacional. Datos citados durante el debate indicaron que solo alrededor del 2% de las nuevas construcciones financiadas por la ciudad en los últimos cinco años correspondieron a viviendas para propiedad, en un contexto marcado por la pérdida de decenas de miles de propietarios negros.
La Introduction 958-A, patrocinada por la expresidenta del Concejo Adrienne E. Adams, exige que al menos el 4% de todas las nuevas unidades asequibles construidas con financiamiento municipal sean destinadas a la propiedad, lo que duplica aproximadamente la producción actual.
A esto se suma la Introduction 1443-A, de la concejala Sandy Nurse, que a partir del 1° de julio de 2027 obligará a que el 50% de las nuevas unidades de alquiler financiadas por la ciudad sean accesibles para hogares de muy bajos ingresos y al menos el 30% para ingresos extremadamente bajos.
La agenda de enero también incluyó:


