Luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolviera continuar con la investigación por presunto dumping en las exportaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay —un proceso impulsado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) y que se extenderá al menos hasta mediados de 2026—, la Argentina formalizó su defensa técnica ante las autoridades de ese país y solicitó el cierre del caso sin la aplicación de medidas. La presentación fue realizada ante el Departamento de Defensa Comercial e Interés Público (Decom), la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, en la reapertura de la etapa probatoria del expediente.

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Fue a fines de diciembre pasado cuando el MDIC resolvió retomar el expediente iniciado formalmente el 11 de diciembre de 2024 bajo el amparo del decreto 8058 de 2013. El objetivo es determinar si existe una práctica de dumping en las ventas externas hacia Brasil y si esas importaciones causaron un daño efectivo a la industria láctea brasileña. La investigación alcanza a un grupo de empresas argentinas y uruguayas con fuerte presencia en el comercio regional. Por el lado argentino, involucra a Mastellone, Las Tres Niñas, Noal SA y Gloria Argentina SA; mientras que desde Uruguay están bajo análisis Conaprole, Estancias del Lago SRL y Alimentos Fray Bentos. Brasil es el principal destino de los lácteos argentinos.

En el documento, el gobierno argentino manifestó su “profunda preocupación por la decisión adoptada por el MDIC” de revisar la definición preliminar de producto similar y reabrir la fase probatoria, al considerar que ello “vulnera el principio de seguridad jurídica”.

Según la posición oficial, la medida se aparta de las conclusiones técnicas previas del propio Decom, al que definió como un “organismo profesional especializado y de prestigio internacional en materia de defensa comercial”, que había conducido el procedimiento conforme al Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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La defensa argentina se enfoca en la definición de lo que significa “producto similar”. Brasil analiza si la leche cruda producida localmente puede considerarse equivalente a la leche en polvo importada, algo que la Argentina rechaza de manera categórica. “El punto más crítico de la investigación es la consideración de la leche cruda como un producto similar a la leche en polvo”, señaló el documento oficial. Y agregó: “La asimilación entre la leche en polvo y la leche cruda no se sostiene bajo un análisis técnico riguroso”.

Para la Argentina, se trata de “productos notoriamente diferentes, con procesos de producción, usos y mercados distintos”. La presentación remarcó que “la leche cruda es un insumo perecedero que requiere procesamiento inmediato, mientras que la leche en polvo es un producto industrializado con una vida útil prolongada y características físico-químicas diferentes”.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que “los productos bajo estudio no son idénticos en los términos de la normativa aplicable”, en referencia al artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.

Otro punto clave es la definición de la rama de producción nacional brasileña presuntamente afectada. La Argentina cuestionó que la CNA represente a los productores de leche cruda y no necesariamente a la industria que produce leche en polvo. El planteo es que “la ausencia de participación de los productores brasileños de leche en polvo compromete la validez del análisis”, ya que serían ellos —y no los tambos— quienes compiten con el producto importado.

Desde la óptica argentina, “cualquier decisión resultante se basaría en una determinación de daño a productores distintos de los productores de leche en polvo”, lo que distorsionaría el análisis de daño y nexo causal exigido por la normativa internacional.

En relación con el presunto perjuicio a la industria brasileña, el documento es tajante: “no hay en el expediente elementos que permitan concluir que las importaciones de leche en polvo de Argentina hayan causado un daño material a la industria brasileña”.

Según la presentación, los problemas del sector lácteo brasileño estarían vinculados a “factores internos o estructurales, como las condiciones climáticas adversas, la volatilidad de los costos de producción y la reducción de la oferta local, y no con la presencia de importaciones”.

Además, se destacó que las importaciones argentinas representan “alrededor del 3% del mercado brasileño”, una proporción que califica como marginal dentro del consumo aparente de leche en Brasil. Otro argumento central es que la leche en polvo es una “commodity en el mercado global”, lo que limita la posibilidad de que un proveedor individual pueda manipular precios.

La Argentina sostiene que “la evolución de los precios en Brasil ha seguido la misma tendencia que los precios internacionales, sin evidencia de que las importaciones argentinas hayan causado una reducción artificial de los valores internos”.

Incluso señaló que “la industria nacional ha aumentado sus precios reales en los últimos años”, lo que demostraría que no hubo una contención de precios atribuible a las importaciones investigadas.

Pedido formal de cierre

En función de todos estos elementos, el gobierno argentino solicitó “respetuosamente el inmediato cierre de la presente investigación sin la imposición de medidas antidumping”.

El planteo se apoya en tres ejes: “No existe similaridad entre los productos analizados; no existe nexo causal entre el supuesto daño a la industria doméstica brasileña y las importaciones del producto de nuestro país y la representación de la industria local no estaría adecuadamente acreditada“. Además, la Argentina pidió que el proceso “se ajuste a las decisiones técnicas con apego a la normativa nacional e internacional aplicable en materia antidumping” y que se respeten estrictamente los plazos para “otorgar seguridad jurídica a las partes interesadas”.

En caso de que la autoridad brasileña avanzara con una interpretación “errónea” que equipare leche cruda y leche en polvo, la presentación argentina solicitó, de manera subsidiaria, que “se abstenga de aplicar derechos provisionales ante la falta en la presente investigación de una ‘determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y del consiguiente daño a una rama de producción nacional’”, tal como exige el artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping.

Por último, el gobierno argentino advirtió que una decisión “no ajustada a la normativa internacional aplicable” podría afectar “la previsibilidad del entorno comercial y generar consecuencias adversas para ambos países".