Polémica por la Oficina de Respuesta Oficial: FOPEA advierte sobre los riesgos para la libertad de expresión

El lanzamiento de la denominada Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y el periodismo, con una contundente reacción del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre riesgos institucionales y un posible avance del Estado sobre la libertad de expresión.

Santiago Caputo arma en el Gobierno una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir supuestas noticias falsas

La nueva herramienta comunicacional fue presentada este jueves a través de la red social X y tendrá como objetivo “contestar públicamente noticias falsas”, “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la iniciativa surge ante un escenario en el que, tras el retiro de la pauta oficial, las críticas y falsedades se volvieron “más ruidosas”.

En su comunicado inaugural, la Oficina afirmó que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y remarcó que su accionar no implica censura, sino “combatir la desinformación brindando más información”. “Estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, señalaron, al tiempo que aclararon que no buscan “convencer ni imponer una mirada”, sino aportar herramientas para que la ciudadanía pueda “distinguir hechos de operaciones”.

Sin embargo, la reacción de FOPEA fue crítica. A través de un comunicado, la entidad manifestó su “profunda preocupación y rechazo” ante la creación de la cuenta oficial, al considerar que el Gobierno pretende arrogarse la facultad de definir una “verdad oficial” desde una posición de poder. “La búsqueda de la verdad es una tarea profesional del periodismo, basada en el rigor, el chequeo y la multiplicidad de fuentes, no en la imposición de un dogma”, advirtió la organización.

FOPEA alertó además sobre la “gravedad institucional” que implica montar desde el Estado lo que calificó como un “tribunal de la verdad”, y remarcó que la difusión de la iniciativa desde la cuenta oficial confirma el uso de recursos públicos para “vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.

El pronunciamiento también contextualizó la medida dentro de un escenario más amplio de restricciones al acceso a la información pública, al recordar cambios recientes por decreto en esa normativa, la falta de conferencias de prensa regulares y la ausencia de una vocería presidencial activa. “El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”, sostuvo FOPEA.

Con este nuevo cruce, la relación entre el Gobierno y el periodismo suma un capítulo más de tensión. Mientras el Ejecutivo defiende la Oficina de Respuesta Oficial como una herramienta para enfrentar la desinformación, la entindad advierten que el límite entre desmentir y condicionar el debate público puede volverse difuso, con consecuencias directas para la libertad de expresión y la rendición de cuentas en una sociedad democrática.

Con información de NA y FOPEA

JIB