STPS impulsa Certificado Laboral para Agroexportación; busca formalizar a 200,000 jornaleros
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) formalizó la integración del municipio de San Quintín, Baja California, al esquema del Certificado Laboral para la Agroexportación, con ello, se extiende la vigilancia del cumplimiento de derechos laborales y seguridad social a la producción de berries en el norte del país.
Este instrumento busca la formalización de 200,000 trabajadores agrícolas mediante reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior; “la estrategia vincula directamente la capacidad de exportación con la garantía de que cada embarque respalde condiciones de trabajo digno y afiliación al IMSS”, indicó la dependencia.
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Para el sector de las berries, esta medida es estratégica debido a su relevancia económica, ya que México es el tercer exportador mundial de estos frutos, con ingresos superiores a los 3,800 millones de dólares. El mecanismo permitirá que a partir del 1 de abril de 2026, a través de la plataforma VELAGRO, se valide que el volumen exportado sea congruente con el registro de empleados formales, ofreciendo un periodo de transición de seis meses para que las empresas se adapten a esta nueva normativa.
La implementación de este certificado ocurre en un contexto de mayor rigor en la supervisión de las cadenas de suministro. Recientemente, en Chiapas, una empresa dedicada a la exportación de café fue inhabilitada para continuar sus operaciones comerciales hacia el extranjero tras detectarse el uso de prácticas relacionadas con el trabajo forzoso. Este caso subraya la presión internacional y los compromisos del T-MEC por erradicar la explotación en el campo mexicano.
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Mientras el certificado avanza en Michoacán, Baja California, Jalisco y el Bajío para productos como el aguacate, jitomate y espárrago, las autoridades buscan que al finalizar el sexenio todos los productos agrícolas de exportación cuenten con este sello de verificación. “El objetivo central es reducir la informalidad que afecta a 2.5 millones de jornaleros en el país y asegurar que la competitividad del sector agroexportador no se base en la precarización de la mano de obra”.
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