El proyecto de reforma penal juvenil ingresó a la Cámara de Diputados con un cambio clave

El proyecto de reforma penal juvenil que que lleva la edad de imputabilidad a 13 años ingresó este lunes a la Cámara de Diputados. Será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves.

La baja de la imputabilidad suma críticas de la Iglesia mientras el Gobierno de Milei impulsa el debate legislativo

La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento. 

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas “socioeducativas y penas alternativas”, y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

Cúneo Libarona explicó los puntos clave del proyecto

Horas atrás, Mariano Cúneo Libarona confirmó que seguirá al frente del Ministerio de Justicia, impulsado por un pedido personal del Presidente y su hermana tras haber contemplado el retiro en diciembre. 

El funcionario dejó claro que su permanencia responde a un compromiso ético y profesional, afirmando que “vine por el bronce, por el cariño a la justicia” y que su motor es dejar un legado de orden jurídico.

El ministro desestimó las operaciones de prensa que sugerían su salida y se centró en la defensa de sus proyectos estructurales, asegurando que “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”.

Sobre el polémico proyecto para bajar la edad de imputabilidad, el ministro fue tajante al señalar que la realidad social de 2026 obliga a una actualización normativa urgente. “Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad”, explicó para justificar el límite de edad propuesto en diálogo con Splendid AM 990.

Según su visión, el sistema actual ha fracasado en proteger a los ciudadanos: “A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable”. Rechazó además que la medida sea puramente punitivista: “Antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación; luego del delito, el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima”.

Uno de los puntos más disruptivos de su propuesta es la reforma de la figura del femicidio, a la que calificó como “difusa e imprecisa” desde su creación en 2012. El ministro sugirió que la nueva redacción legal debería cubrir todas las hipótesis posibles bajo el nombre de “hombricidio y femicidio”, basándose en el principio de que la ley no debe limitarse a un solo sexo. 

“Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos”, aclaró, proponiendo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de “desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control”, la pena debe ser igual a la que recibe quien mata a una mujer.

Para Cúneo Libarona, la figura actual enfrenta cuestionamientos constitucionales por centrarse únicamente en la mujer, algo que sectores de la academia consideran discriminatorio. “El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley”, insistió. 

Por último, el ministro descartó de plano cualquier retroceso en materia de derechos reproductivos: “El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”.