Un reciente fallo de una corte federal de apelaciones habilitó al gobierno de Donald Trump a avanzar con el fin de las protecciones contra la deportación para migrantes de varios países, entre ellos, Honduras y Nicaragua. La medida se apoya en precedentes recientes de la Corte Suprema y recae sobre el alcance real del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), su carácter excepcional y el futuro inmediato de quienes llevan años legalmente en territorio estadounidense.

El fallo clave que reactiva el fin del TPS para migrantes hondureños y nicaragüenses

• La decisión fue tomada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en California, que resolvió suspender una orden previa de un tribunal inferior. Esta había bloqueado la iniciativa del Ejecutivo de poner fin a la protección para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
• Con este nuevo pronunciamiento, la administración Trump quedó habilitada para seguir adelante con su plan de dejar expirar estos estatus migratorios, explicó The New York Times.

El fallo representa una victoria para el gobierno federal, que desde el inicio de la gestión de Trump ha intentado reducir de manera sustancial el alcance del programa.

Según explicó el tribunal, existen fundamentos suficientes para considerar que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, podría no estar sujeta a revisión judicial y que el expediente administrativo respalda adecuadamente su determinación.

Los jueces remarcaron que no analizaron el caso “desde una hoja en blanco”, sino a la luz de resoluciones recientes de la Corte Suprema que permitieron terminar con el TPS para cientos de miles de venezolanos.

El impacto directo del fin del TPS sobre miles de migrantes

De acuerdo con datos del Servicio de Investigación del Congreso citados en la resolución judicial, unas 50.000 personas de origen hondureño y alrededor de 3000 nicaragüenses están amparadas actualmente por el TPS.

Al fallo también se suman cerca de 7000 migrantes de Nepal. En total, más de 60.000 migrantes podrían perder su protección frente a la deportación y su permiso de trabajo.

Para muchas de estas familias, el impacto va mucho más allá de una cuestión administrativa. Se trata de personas que construyeron su vida en Estados Unidos, con empleo estable, hijos nacidos en el país norteamericano y lazos comunitarios.

La eventual expiración del TPS las dejaría en una situación de vulnerabilidad, obligándolas a enfrentar la posibilidad de ser expulsadas a países que, según argumentan sus defensores legales citados por Reuters, aún no están en condiciones de recibirlas de manera segura.

El rol de la Corte Suprema como antecedente para la decisión sobre el TPS

Uno de los puntos centrales del fallo del Noveno Circuito es la referencia directa a decisiones previas de la Corte Suprema. En un caso similar ocurrido el año anterior, el máximo tribunal permitió que vencieran las protecciones del TPS para cientos de miles de migrantes venezolanos.

Aunque esas órdenes no incluyeron una fundamentación extensa, los jueces de apelaciones señalaron que estaban obligados a tenerlas en cuenta al analizar litigios equivalentes.

En su resolución, el panel indicó que, si bien las órdenes de la Corte Suprema no detallaron su razonamiento jurídico, sí marcaron un camino que los tribunales inferiores deben considerar.

En ese contexto, concluyeron que el gobierno probablemente pueda demostrar que actuó dentro de sus atribuciones al decidir el fin del TPS para Honduras y Nicaragua.