El Gobierno apuesta a aprobar esta semana en el recinto de Diputados dos proyectos de peso: la reforma penal juvenil y el acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur. El jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, formalizó hoy la convocatoria de sesión para el jueves, a las 11.

La citación se produce en paralelo al proceso de conformación de las comisiones encargadas de dictaminar ambos temas, cuyas presidencias quedarán en manos del oficialismo. Los libertarios confían en emitir dictamen este miércoles, pese a la resistencia del kirchnerismo, que cuestiona el procedimiento y lo califica de “exprés”.

Más allá de los reparos de la oposición dura, el Gobierno cree poder reunir los apoyos necesarios con la ayuda de sus aliados y de los bloques del centro político. En el oficialismo proyectan un resultado favorable y anticipan una semana de triunfos parlamentarios tanto en Diputados como en el Senado, donde esperan sancionar -aunque con cambios- la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

El escenario, además, podría profundizar las fisuras dentro del peronismo, cuyas diferencias en torno a estas iniciativas ya quedaron expuestas. Los diputados del Frente Renovador estarían dispuestos a acompañar la baja de la edad de imputabilidad en 14 años y, junto a otros referentes de provincias agrícolas y ganaderas, también la ratificación del acuerdo comercial.

Con todo, la jornada dejó algunas perlitas. Este lunes, las idas y vueltas marcaron el pulso del día. Aunque el Poder Ejecutivo volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil con una partida presupuestaria específica para su implementación, horas después lo retiró. La insistencia en reducir la edad de imputabilidad a 13 años amenazaba con hacer caer el respaldo de sus aliados en Diputados

Una fuente oficial del Gobierno aclaró en contacto con LA NACION que la Casa Rosada prioriza que “se trate un proyecto ya acordado con otros sectores para que salga de la forma más expeditiva posible”. La referencia es a un dictamen que estableció la edad de imputabilidad de los menores en 14 años de edad.

El texto, que había ingresado durante la mañana del lunes, fijaba un costo total de $23.739 millones y detallaba cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original.

“Si queremos evitar que los menores que cometen los peores delitos salgan impunes, sin pena ni consecuencias, tenemos que hacer todo lo posible para reformar la Ley Penal Juvenil”, indicaron fuentes de LLA, dando por sentado que la edad de 14 años hará posible un consenso en el Congreso.

Son 13 los proyectos sobre este tema. En el dictamen que ya había avanzado el año pasado -que se tomará como base para esta nueva discusión- fijaba un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad, y no en 20 como pretendía el oficialismo.

También se incorporaron criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios u otros hechos de violencia grave. El dictamen, además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.

Acuerdo UE-Mercosur

El temario de la sesión incluye el acuerdo UE-Mercosur, aun cuando su incorporación no había sido abordada en la reunión de jefes de bloque que encabezó Martín Menem, presidente de la Cámara, la semana pasada.

Según pudo saber este medio, el Gobierno apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque regional en ratificar el acuerdo. La estrategia se apoya en la urgencia política, pese a que el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre su validez. Ese será uno de los principales argumentos de la oposición dura para rechazar su tratamiento.

La aceleración del debate responde, además, a una señal externa: el acuerdo ya avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país después del Carnaval.