Al clima de máxima tensión en el que inició el debate por la Reforma Laboral en el Senado de la Nación se suma una alerta: el sector de seguros se declara “en crisis” por el récord de juicios laborales que, en 2025, cerró con 134.141 nuevas demandas.
Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) lanzaron una advertencia contundente: la nueva ley no será suficiente para resolver la crisis del sector si el Poder Judicial no cumple con la normativa vigente desde 2017.
Para las aseguradoras, el núcleo del problema no es la falta de leyes, sino el incumplimiento de la Ley 27.348. Esta norma establecía la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para profesionalizar las pericias. Al no conformarse, la evaluación de incapacidades recae en peritos “de lista” cuyos honorarios están atados al monto de la sentencia.
“La crisis se explica por el incumplimiento del Poder Judicial en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses”, explicaron desde la entidad.
Esta estructura genera distorsiones alarmantes. Casos que en las comisiones médicas oficiales arrojan un 0% de incapacidad (como esguinces o lumbalgias curadas) saltan a dictámenes de entre el 14% y 15% en la instancia judicial, impulsados por peritos “sin control efectivo”.
A pesar de las mejoras objetivas en seguridad laboral, la litigiosidad ha tomado una dinámica propia, totalmente desacoplada de la realidad siniestral según los números oficiales que analiza la UART.
En síntesis, las empresas aseguradoras plantean que pese a que la Argentina ofrece mayor y mejor cobertura registra un numero más elevado de demandas. Frente a los casi 133.000 juicios iniciados en 2025, en España se registraron 8500 y en Chile 5800.
Uno de los datos más reveladores del informe de la UART es el destino del dinero en el sistema judicial. Se estima que el 45% del costo de un juicio se queda en la intermediación.
Esto significa que, por cada millón de pesos que pagan las aseguradoras en demandas evitables, $450.000 se reparten entre abogados, peritos y tasas del sistema, restando eficiencia a un mecanismo que nació para proteger de forma rápida y directa al trabajador.
El boom de demandas laborales en la Argentina coincide con datos desalentadores para el mercado laboral. Si bien la tasa de desempleo cayó a 6,6% durante el tercer trimestre de 2025 como contrapartida creció el trabajo por cuenta propia y los empleos informales.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) refleja que la proporción de trabajadores por cuenta propia subió de 23,3% a 24,5%. En el conjunto total de ocupados, la tasa de informalidad avanzó de 42,6% a 43,3%.
A septiembre de 2025, el stock de juicios acumulados ascendió a 317.848 causas, pese a que las ART lograron cerrar 70.000 expedientes en el mismo período. La aceleración es tal que incluso se quebró la estacionalidad habitual: en diciembre ingresaron más causas que en noviembre, un fenómeno que no se veía desde la víspera de la reforma de 2017.
Desde la UART concluyen que, sin una intervención sobre la discrecionalidad pericial y el cumplimiento de los parámetros de ley por parte de los jueces, la sostenibilidad del sistema de Riesgos del Trabajo seguirá bajo una amenaza estructural que castiga por igual a empresas y trabajadores.


