Régimen Penal Juvenil: el oficialismo consiguió dictamen de mayoría tras acuerdo por nueva edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados someterá a votación este jueves un proyecto que modifica sustancialmente el sistema de responsabilidad penal para menores en Argentina. La iniciativa, que logró reunir 75 firmas en el plenario de comisiones, propone reducir de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad, generando un intenso debate entre bloques oficialistas y opositores.

Cabe destacar que habrá cambios sensibles entre esta nueva iniciativa y la que logró dictamen en mayo del año pasado (que fue posteriormente rechazada en el Congreso), comenzando por la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta. Por esto, en la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Otro punto álgido es el de la baja de edad de imputabilidad; el que ingresó este miércoles al Congreso reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, mientras el anterior fijaba la punibilidad directamente en los 14, sometiendo a aquellos menores a penas más estrictas en las que no podían contar con una tutela judicial.

Regimen Penal Juvenil: un dictamen con mayoría amplia, pero resistencias

El despacho de mayoría cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID. Sin embargo, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes propios y rechazaron la propuesta gubernamental.

La sesión especial comenzará a las 11 horas del jueves, en un clima político tenso que ya se reflejó en los cruces durante el plenario de comisiones.

Los ejes principales del nuevo régimen que propone el Gobierno

• Edad de imputabilidad: el punto más controversial establece que los adolescentes podrán ser imputados desde los 14 años. Actualmente, la ley argentina fija este umbral en los 16 años, aunque menores no punibles pueden quedar bajo tutela judicial.
• Penas diferenciadas: el proyecto elimina la posibilidad de cadena perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de prisión. Para delitos con penas inferiores a 3 años no se aplicará prisión, mientras que en casos con condenas de 3 a 10 años que no impliquen muerte o lesiones graves, se priorizarán sanciones alternativas con enfoque socioeducativo.
• Separación de adultos: la normativa establece que los menores deben cumplir sus medidas en establecimientos separados de la población adulta, un requisito que figura en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
• Financiamiento: tras negociaciones con bloques dialoguistas, se incorporó una partida presupuestaria de más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General de la Nación y 3000 millones adicionales para el Ministerio de Justicia, destinados a garantizar la implementación efectiva del sistema.

El debate político: entre la seguridad y los derechos

Las posiciones quedaron claramente delimitadas durante el plenario. La diputada libertaria Silvana Giudici defendió la medida citando el caso chileno, donde, tras bajar la edad de imputabilidad a 14 años en 2007, la reincidencia juvenil habría descendido un 28% según estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. “Ningún gobernador ni intendente en Argentina puede negar que el delito juvenil es un problema real que afecta la seguridad ciudadana”, argumentó.

Desde la oposición, Victoria Tolosa Paz reconoció que el régimen actual “es vetusto y atrasa 100 años”, pero calificó la propuesta oficial como excesivamente punitiva. Unión por la Patria presentará un dictamen alternativo basado en “justicia restaurativa y reinserción social”.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, rechazó lo que llamó “discurso marketinero” del oficialismo: “La incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor. No existe una ola delictiva juvenil”. La diputada advirtió que la medida criminalizará la pobreza y afectará principalmente a sectores vulnerables.

Argentina se encuentra entre los países con mayor edad de imputabilidad en la región. Brasil la fija en 18 años, mientras que Chile, Uruguay, Colombia y Perú la establecen en 14 años. Paraguay y Bolivia también contemplan los 14 años, aunque con sistemas de responsabilidad especial que priorizan medidas socioeducativas sobre la privación de libertad.

Regimen Penal Juvenil: ¿qué sigue?

La votación en Diputados será este jueves. De aprobarse, el proyecto pasará al Senado, donde deberá enfrentar otro debate intenso. La implementación del nuevo régimen requerirá además la creación de infraestructura específica para alojar a menores infractores en condiciones separadas de adultos, un desafío logístico que demandará inversión provincial y nacional.

El debate sobre responsabilidad penal juvenil enfrenta dos visiones: quienes priorizan endurecer el sistema ante el reclamo social por seguridad, y quienes sostienen que la solución pasa por políticas de inclusión social y prevención del delito.