Desde enero de 2026, el registro de celulares obligatorio en México exige que cada línea móvil esté vinculada a una CURP e identificación oficial, bajo el argumento de frenar delitos cometidos desde el anonimato. No obstante, a pocas semanas de su implementación, la medida ya muestra grietas graves que afectan directamente a miles de ciudadanos.
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En redes sociales se multiplican las denuncias de usuarios que descubrieron números telefónicos desconocidos en el portal de Telcel, sin haberlos contratado ni autorizado. Lo más alarmante es que la empresa no permite desvincularlos de forma efectiva en línea, dejando a los afectados expuestos a posibles fraudes, deudas o incluso delitos cometidos con líneas que legalmente figuran a su nombre.
Las quejas, virales en X, exhiben capturas del sistema de vinculación mostrando líneas fantasma ligadas a su identidad.
Muchos intentaron usar la opción digital de baja, pero recibieron errores constantes como “Algo salió mal” o el código ESE_MP_CON_0010, sin solución concreta.
Entre los casos más visibles se encuentran:
A estos se suman decenas de usuarios más que reportan exactamente el mismo patrón.
El padrón nacional parece operar con controles de verificación débiles. Datos filtrados o robados estarían siendo utilizados por terceros para registrar líneas sin consentimiento.
Una vez hechas, Telcel bloquea cualquier corrección digital y obliga a acudir físicamente, trasladando el problema al ciudadano.
Especialistas en protección de datos recomiendan revisar constantemente el portal de vinculación, guardar capturas como evidencia y exigir folio de atención en centros Telcel.
También es fundamental denunciar ante Profeco y el INAI por uso indebido de información personal.
El registro de celulares, lejos de proteger, convirtió a usuarios comunes en víctimas de suplantación de identidad institucionalizada.
La medida se implementó sin blindaje tecnológico y ahora transfiere el costo del desastre a los ciudadanos, mientras Telcel responde con burocracia y silencio.
Registro de celulares podría impulsar el mercado negro de chips
Lo que se presentó como política de seguridad hoy funciona como una fábrica de riesgos legales y fraudes, demostrando que el problema nunca fue el anonimato, sino la mala gestión de datos personales.
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