El Gobierno denuncia “terrorismo” por la violencia en el Congreso e identificó a unas 20 personas
El Gobierno presentó una denuncia penal en la Justicia Federal en la que encuadra los disturbios ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso, durante la votación de la reforma laboral, como delitos agravados por finalidad terrorista y solicita la inmediata detención de los responsables. La presentación, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada sin que se hayan acompañado pruebas concretas ni se hayan identificado formalmente a los supuestos organizadores.
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Posteriormente desde el ministerio de Seguridad Nacional hicieron circular un segundo documento con fotos, nombres, apellidos y DNI de una veintena de personas involucradas en los episodios de violencia. Ninguna de esas aparece como lanzando las bombas molotov a la valla policial.
El escrito de la denuncia fue firmado por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Acusa a los manifestantes involucrados de haber intentado “generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina”, con el objetivo de “inhibir el funcionamiento del Congreso” y vulnerar la integridad de las fuerzas federales.
En el escrito judicial, el funcionario sostiene que los hechos podrían configurar delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados. La denuncia invoca los artículos 91, 184, 226, 237 y 239 del Código Penal, junto con el artículo 41 quinquies, que agrava las penas cuando los delitos son cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o forzar decisiones de las autoridades públicas.
Según el texto, los disturbios no fueron episodios aislados sino parte de un accionar que buscó “subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror”. La presentación judicial menciona también la figura de tentativa (art. 42) y concurso real de delitos (art. 55).
Tras ese escrito, elDiarioAR accedió a un PDF producido por Seguridad con la identificación de unos veinte sospechosos. Allí se identifican distintas personas a partir de capturas televisivas y material enviado por particulares. Entre los señalados figuran Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan, cuyas imágenes habrían sido extraídas de transmisiones en vivo de TN, C5N, LN+ y A24.
Algunas de las personas identificadas por el Gobierno en los disturbios del miércoles.En la nómina también aparecen Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores y Manuel Edgardo Barrios. Según el documento oficial, parte de esas identificaciones provienen de imágenes aportadas por WhatsApp y de capturas de pantalla de videos que circularon durante la jornada de disturbios frente al Congreso.
El listado se completa con Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato. Hasta el momento, el Ministerio los menciona como personas “individualizadas” en el marco de la denuncia por supuesto terrorismo, aunque la Justicia Federal deberá determinar si corresponde formular imputaciones formales.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la decisión de encuadrar los hechos como terrorismo y aseguró que no se trató de una protesta común sino de una acción organizada para desestabilizar el orden institucional. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, sostuvo la funcionaria en declaraciones públicas. Según detalló, durante los incidentes se secuestraron bombas molotov, bidones con combustible, bulones para gomeras y palos adaptados como armas.
Monteoliva afirmó que las personas identificadas se hizo mediante el análisis de cámaras de seguridad y sistemas biométricos, aunque no todos tendrían antecedentes penales. También rechazó versiones sobre presuntos infiltrados y defendió el accionar de las fuerzas federales durante la jornada.
Qué describe la denuncia
El documento sostiene que, durante la jornada legislativa, grupos de manifestantes portaban recipientes con combustible inflamable, artefactos incendiarios de fabricación casera, objetos contundentes y productos químicos que fueron lanzados contra efectivos federales. Esas imágenes pudieron verse en varios canales de televisión que transmitieron en vivo la manifestación.
La denuncia también afirma que se destruyeron bienes públicos para utilizarlos como proyectiles y que hubo agresiones directas contra miembros de las fuerzas de seguridad.
“El accionar ilícito tuvo por finalidad generar un escenario de estrépito y terror en la comunidad, con el exclusivo objetivo de inhibir u obturar la actividad legislativa”, señala el texto.
La represión en la marcha contra la reforma laboral dejó una veintena de detenidos.En el petitorio, el Ministerio solicita:
- Inicio inmediato de la investigación.
- Individualización de responsables e instigadores.
- Determinación de posibles estructuras organizadas detrás de los hechos.
- Orden de detención de los implicados.
- Aplicación de penas proporcionales a la gravedad denunciada.
El escrito habla explícitamente de “atentados con rasgos terroristas” y pide que se investigue la eventual existencia de organizaciones detrás de los disturbios.
En el apartado de prueba, el Ministerio informa que se encuentra “en pleno proceso de análisis” de los acontecimientos para evaluar la incorporación de elementos de convicción durante la instrucción. Es decir, la denuncia fue presentada antes de acompañar formalmente la totalidad de la evidencia.
Ese aspecto podría convertirse en uno de los ejes del debate judicial, junto con la discusión sobre la aplicación del agravante por finalidad terrorista, una figura históricamente controvertida por su alcance interpretativo y por el margen que deja a la valoración política de los hechos.
MC
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