Diputados de Unión por la Patria denunciaron penalmente a Caputo por presunta manipulación del IPC y violación del secreto estadístico

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La presentación incluye acusaciones por violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documento público y transgresión al secreto estadístico previsto en la ley 17.622.

Con el viejo sistema, el INDEC informó que la inflación de enero fue de 2,9 % y lleva 8 meses en alza

Según el escrito, los legisladores sostienen que el titular del Palacio de Hacienda incurrió en “abuso de autoridad” al intervenir en la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la denuncia, en octubre de 2025 el organismo estadístico había dispuesto modificar la forma de cálculo del índice a partir de enero de 2026, pero el ministro habría ordenado postergar su implementación.

Los diputados argumentan que esa decisión tuvo como objetivo mantener vigente una metodología basada en componentes desactualizados hasta tanto finalizara la recomposición tarifaria en curso, cuyo impacto incidiría de manera directa en la medición de la inflación. Para el bloque opositor, esa determinación contraviene la ley 17.622, que regula el funcionamiento del sistema estadístico nacional y garantiza la independencia técnica del INDEC.

En la presentación judicial se advierte que la modificación o postergación del nuevo esquema de cálculo del IPC no es un asunto meramente técnico, sino que tiene consecuencias económicas y sociales concretas. Señalan que el índice de inflación impacta directamente en la fórmula de movilidad previsional —que determina la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones— y en las negociaciones paritarias tanto del sector público como del privado.

Los legisladores también recordaron que habían impulsado un pedido de interpelación al ministro ante el Congreso, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional, para que explicara los cambios en la metodología y sus efectos. Ese planteo fue formalizado en un expediente parlamentario que detalla los cuestionamientos sobre la consistencia técnica y la oportunidad política de la decisión.

El segundo eje de la denuncia se centra en una publicación realizada por Caputo en su cuenta oficial en la red social X. Según los diputados, el ministro reconoció allí la diferencia en el resultado del IPC según la metodología aplicada y, además, anticipó el dato correspondiente a enero de 2026 antes de su difusión oficial por parte del INDEC.

Para Unión por la Patria, esa conducta configura una violación del secreto estadístico contemplado en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622, que establecen resguardos estrictos sobre la producción y divulgación de información oficial. El argumento central es que ningún funcionario político puede intervenir en la elaboración ni en la difusión anticipada de datos que deben ser comunicados por el organismo técnico competente.

El IPC es considerado uno de los indicadores más sensibles del sistema económico argentino. Su variación incide en la actualización de contratos públicos y privados, en las decisiones de política monetaria, en la negociación salarial y en la credibilidad macroeconómica del país. Por esa razón, el marco normativo vigente busca asegurar la autonomía profesional del organismo estadístico y evitar interferencias políticas en la generación de datos.

En ese contexto, la denuncia plantea que la eventual manipulación metodológica o la difusión anticipada de información oficial no sólo vulneraría disposiciones penales, sino que también afectaría la confianza pública en las estadísticas nacionales.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Economía no hubo una respuesta formal a la presentación judicial. El caso abre un nuevo frente de conflicto político en torno a la política económica y la transparencia en la medición de la inflación, en un escenario marcado por la sensibilidad social frente a la evolución de los precios y los ingresos.