Pullaro y la rebelión policial: salarios bajos, suicidios y una crisis que expone la fragilidad del modelo de seguridad

“A mí que puse la cara como nadie por la Policía y por el Servicio Penitenciario, a mí que discutí con todos los garantistas que no querían meter presos a los chorros, ¿a mí me van a decir asesino de policías?”, se indignó Maximiliano Pullaro en la conferencia de prensa en la que presentó la nueva escala de salarios para la policía de Santa Fe. El gobernador expuso así su principal preocupación ante el conflicto que tuvo en vilo a la provincia durante una semana: la ruptura del vínculo con la fuerza policial a la que atribuye el máximo logro de su gestión, el descenso de los indicadores de violencia en la ciudad de Rosario.

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El gobierno provincial consideró que los reclamos de los policías eran “justos y legítimos”. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, definió a la gestión como “pro Policía y pro fuerzas de seguridad”, una aclaración innecesaria. Pullaro recordó una acción elocuente al respecto: la reivindicación del oficial Luciano Nocelli, condenado en dos instancias judiciales por doble homicidio, liberado por la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, absuelto en un juicio exprés que el mismo gobernador impulsó e incorporado a la planta de empleados de la provincia.

Pero los policías autoconvocados con un sorprendente grado de organización y con acciones coordinadas en distintas ciudades de Santa Fe no pusieron en duda el perfil punitivista de Pullaro. Los bajos salarios, las penurias materiales y afectivas del personal forzado a trasladarse desde el norte de la provincia a Rosario, la invisibilización de los problemas de salud mental y las coerciones disciplinarias fueron los motivos puntualizados en el petitorio que presentaron los policías.

“La policía de Santa Fe está muy fragmentada y contiene grupos con intereses diversos. Con el conflicto quedaron expuestas cosas inocultables a pesar del paraguas mediático que tiene el gobierno en la provincia: en primer lugar, el discurso propolicial es una impostura, porque no hicieron nada en términos de profesionalización, condiciones de trabajo y salud mental”, analiza el criminólogo Enrique Font, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

Problemas de salud mental y apremios económicos

El desfasaje entre la retórica del gobierno “contra las organizaciones criminales” y la situación de estratos medios e inferiores se hizo patente la semana pasada y detonó el conflicto. El martes 3 de febrero Pullaro celebró la continuidad del Plan Bandera en Rosario junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y destacó el desempeño de las fuerzas de seguridad. Por esas horas el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, agonizaba después de dispararse un tiro en la cabeza dentro de la Jefatura de Policía de Rosario, cuando se presentó para tomar servicio después de una licencia por enfermedad y supo que no podría hacerlo hasta que se reuniera una junta médica.

No hay información oficial sobre los policías que se quitaron la vida en Santa Fe durante la implementación del Plan Bandera. El caso de Valdez fue el tercero registrado en la policía de Rosario entre diciembre de 2025 y este mes. El ministro Cococcioni informó que 560 empleados policiales están bajo tratamiento psicológico en la provincia y otros 460 abandonaron de manera voluntaria la terapia para reincorporarse al servicio, otro indicador de los apremios económicos solapados.

La protesta tuvo su epicentro en las puertas de la Jefatura de Policía de Rosario, se desplegó ante la Casa de Gobierno y la Jefatura de la Policía de la Provincia en la ciudad de Santa Fe y alcanzó a varias ciudades del centro y norte de la provincia. Los policías cortaron calles, quemaron neumáticos, eligieron delegados en asamblea y redactaron un petitorio: un conjunto de prácticas características de acciones sindicales que la misma fuerza reprimió, como la movilización de docentes y estatales en octubre de 2024 ante la Legislatura provincial o la de trabajadores de la empresa Sancor de Sunchales que reclamaban por sus salarios en febrero de 2024.

“Cuando las bases se acuartelan no solo desafían a la autoridad política sino a sus mandos superiores. En su mayoría, los conflictos policiales evidencian una fractura profunda en la pirámide”, afirma Gustavo Javier González, profesor de la Universidad Nacional del Litoral. En 2020, el Censo Policial coordinado por González y otros investigadores del Programa Delito y Sociedad de la UNL ya había detectado problemas que estallaron ahora: un 34 % de las licencias prolongadas en el personal policial correspondían a patologías de salud mental.

Policías y familiares se presentaron como autoconvocados y designaron como “único vocero” a Gabriel Sarla, un abogado y ex policía con experiencia en acuartelamientos y a su retiro dedicado a la defensa penal de policías. El malestar se profundizó el martes a la tarde, después de que Sarla informó que había sido recibido por una secretaria porque el ministro no lo podía atender. Según funcionarios del gobierno provincial hubo un teléfono descompuesto entre lo que decía el propio gobierno y lo que se comunicaba a los policías.

El punto máximo de la tensión se produjo cuando los manifestantes insultaron al jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, y bloquearon las salidas de la Jefatura de Policía de Rosario. El patrullaje en la calle –símbolo del orden que exalta Pullaro- quedó resentido por el bloqueo y porque los agentes tomaban el servicio y sumaban los patrulleros a la concentración. La situación pareció normal en Rosario, aunque los fantasmas de la inseguridad estuvieron presentes.

“El conflicto se destrabó cuando el ministro Cococcioni habló personalmente con los mandos medios de la policía que estaban reunidos frente a la Jefatura”, según comenta una fuente del gobierno provincial. Ese acuerdo informal quedó plasmado con el decreto que firmó Pullaro, por el cual el gobierno provincial garantiza a los empleados de la Policía y el Servicio Penitenciario un ingreso mínimo equivalente al valor de la canasta básica para un hogar de cuatro integrantes, de acuerdo al valor publicado por el Indec el 1° de febrero. La primera oferta –presentada pomposamente como “Plan de acción para el bienestar de las fuerzas de seguridad de Santa Fe”– había sido rechazada por los uniformados porque mejoraba los salarios de una parte de la fuerza y fue percibida como discriminatoria de las bases.

Como coletazo de la crisis, el gobierno desplazó al jefe de policía de Rosario, Guillermo Solari. Su reemplazante, Danilo Villán, pertenece al núcleo duro de comisarios que Pullaro reincorporó a la fuerza apenas comenzó su gobierno. Pero la sombra del conflicto se extiende ahora sobre los salarios de las fuerzas federales, la negociación de paritarias del gobierno provincial con otros trabajadores estatales y docentes y las dudas sobre la recomposición de la cadena de mandos en la policía provincial. El principal capital político del gobernador quedó averiado, aunque todavía parece prematuro evaluar el daño.

La sombra de la sospecha

El decreto firmado por Pullaro invoca “la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, “el contexto delictivo vigente” y “la restauración del control de las cárceles” para justificar un aumento salarial que prioriza al personal de seguridad por encima de los agentes de salud y los docentes. Según el ministro Cococcioni, la protesta fue incentivada precisamente desde las cárceles pero no ya por miembros de bandas sino por policías “vinculados a hechos de corrupción” que están presos.

Pullaro denunció una campaña para limar el nexo entre el gobierno y la fuerza de seguridad, montada sobre fake news e información distorsionada en redes sociales. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se mantuvo en silencio durante la semana en que se prolongó el conflicto y ayer anunció que aportaría información sobre personas ajenas a la policía que activaron las manifestaciones.

En el gobierno provincial apuntan como conspiradores a la cúpula de la policía de Rosario que encabezó Daniel Acosta hasta mayo de 2025. El gobernador le había entregado un mes antes a Acosta el sable corvo del Brigadier López, distinción que premia a policías honestos, pero el comisario quedó involucrado con otros jefes policiales en un fraude con el dinero provisto para el combustible de los patrulleros.

El fraude, un aceitado sistema de recaudación clandestina instrumentado con las tarjetas de débito oficiales para el pago de combustible, se extendió al menos durante dos años según la investigación del fiscal José Luis Caterina y comprendía pagos puntuales por quincena, correctamente ensobrados y distribuidos entre las secciones del personal operativo en la calle. Precisamente el sector de la policía al que suele elogiar Pullaro y al que ahora le concedió un plus al margen de la recomposición salarial.

Logros en dudas

Los logros de la policía de Santa Fe no parecen tan rotundos como enfatiza el gobernador. En 2025 los homicidios volvieron a aumentar en la provincia con 210 hechos registrados, mientras en 2024 hubo 180. El Observatorio de Seguridad provincial informó que la tasa de homicidios en el departamento Rosario es de 8,7 casos cada cien mil habitantes, mientras la tasa nacional alcanza a 3,8 según el último registro informado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. No obstante, la diferencia con el número de casos durante el gobierno de Omar Perotti es ostensible: en 2022 hubo 406 homicidios y en 2023, 399.

Enrique Font observa un escenario cargado de incertidumbre: “El conflicto dejó en claro la fuerte dependencia de la política con la policía. Hay que ver cómo se traduce al interior de la fuerza. Pullaro es rehén de su demagogia punitiva, el gobierno retrocedió en todo: las imputaciones a los policías por dejar el servicio, con que amagó, van a quedar en la nada. La desatención de la policía puede subsanarse con ingresos, pero también queda en evidencia que el gobierno no trabajó en una conducción que cuide al personal”.

La abrupta disminución de la violencia en Rosario entre 2023 y 2024 “es única en América Latina” según el gobernador Pullaro pero abona sospechas entre los especialistas sobre un arreglo entre sectores de la policía y bandas criminales. El misterio que rodea al componente policial de Los Menores sería un indicio; se trata de la banda a la que se adjudica el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central.

Font afirma además que la de Santa Fe “es la peor policía del país” y se remite a su escasa capacidad de investigación, la corrupción crónica “de estratos altos, medios y bajos” y los hechos de violencia institucional. El 18 de febrero serán llevados a juicio veintiún policías de la comisaría 14ª de Rosario, acusados por torturas, abuso sexual y otros delitos contra cinco jóvenes a los que detuvieron sin causa cuando estaban en una plaza de la zona oeste de Rosario.

El gobernador de Santa Fe salió a recargar su crédito punitivista a propósito de la ley de punibilidad de los menores: “A quienes defendían a los delincuentes siempre les respondimos igual: si tanto los cuidan, llévenselos a su casa. Nosotros vamos a cuidar a la gente honesta”, publicó en X. “Pullaro va a necesitar que la policía de la provincia siga haciendo lo que está haciendo porque su peor escenario político es que lo que pasó en 2025 con la tasa de homicidios se replique este año. Mucho va a depender de cómo le responda la policía en el control de la violencia”, concluye Font.

OA/MG

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