Malestar de los abogados por cambios que impactan en sus honorarios y en el fuero laboral

El inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados encendió una señal de alarma en los abogados porteños. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), que nuclea a casi 90.000 matriculados, expresó formalmente su “profunda inquietud” por los cambios aprobados en el Senado y advirtió que, de convertirse en ley, podrían impactar de manera directa en el ejercicio profesional, especialmente en el fuero laboral.

A través de una carta firmada por su presidente, Ricardo Gil Lavedra, la entidad manifestó su preocupación por las modificaciones a los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744).

Según planteó, el nuevo texto propuesto para el artículo 20 incorpora la figura de la “pluspetición inexcusable” configurada de manera objetiva, lo que habilitaría la responsabilidad solidaria del abogado o abogada por el pago de las costas cuando se considere que hubo una sobreestimación de los créditos reclamados. Es decir que, si un juez considera que el abogado reclamó un monto excesivo sin justificación, podría obligarlo a responder con su propio patrimonio por las costas del juicio junto con su cliente.

Para el Colegio, la ambigüedad sobre cuándo se estaría ante una pluspetición inexcusable introduce un “riesgo patrimonial directo” para quienes ejercen la defensa técnica de trabajadores. La entidad recordó que ya existen herramientas procesales para sancionar la temeridad o malicia profesional y cuestionó que se establezca un régimen particular para los laboralistas, lo que —a su entender— implicaría un trato discriminatorio respecto de otras ramas del derecho.

Otro de los puntos objetados es la modificación del artículo 277, que habilitaría el pago en cuotas de las sentencias condenatorias en juicios laborales, incluyendo tanto los créditos de los trabajadores como los honorarios de sus abogados, todos ellos de carácter alimentario. El CPACF sostuvo que esta previsión contradice los principios protectorios y de progresividad propios del Derecho del Trabajo, al colocar a estos acreedores en una situación desventajosa frente a quienes obtienen sentencias en otros fueros.

Asimismo, la institución advirtió que la reproducción de la limitación prevista en el artículo 730 del Código Civil y Comercial, combinada con el principio de gratuidad del artículo 20 de la LCT, podría traducirse en una restricción concreta al derecho a percibir honorarios, desalentando el ejercicio profesional en la materia.

En su misiva, la abogacía porteña también cuestionó que se pretenda introducir el criterio del “stare decisis” exclusivamente para los jueces laborales. Si bien reconoció que el debate puede ser atendible en términos generales, consideró irrazonable aplicarlo de manera sectorial. El criterio se refiere al principio según el cual los jueces deben respetar y seguir los precedentes fijados en fallos anteriores —especialmente los de tribunales superiores— al resolver casos similares.

Con este pronunciamiento, el Colegio pidió a los diputados que evalúen las “graves implicancias” que la reforma podría tener sobre el ejercicio de la profesión y sobre el rol que los abogados desempeñan en la defensa de los derechos laborales.