La Cuenta Pública 2024 exhibe el saqueo sin castigo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó ayer a la Cámara de Diputados su informe final de la Cuenta Pública 2024. El dato clave es brutal: el “daño presunto” al erario suma 65,169.1 millones de pesos. De los 67,174.7 millones observados inicialmente, solo se recuperaron o justificaron 2,005.6 millones: 2.9%. El resto sigue perdido.

El mayor “daño presunto” está en el gasto federalizado, que es el dinero que el gobierno federal les entrega a estados y municipios para salud, educación, seguridad e infraestructura. Ahí, el 88.2% de las irregularidades, es decir, 52,356.4 millones de pesos, no pueden ser justificadas por la “falta de documentación comprobatoria”, lo que significa que no hay contratos, no hay facturas y, por ello, no hay evidencia. No se trata de un error contable sino del sistema favorito para desaparecer recursos. La propia ASF lo admite al señalar que el 83.1% de las irregularidades se debe a omisiones o inacciones de los servidores públicos responsables de ejercer y supervisar el gasto y el 55.1% de un sistema que aparentemente está diseñado para fallar

El problema se agrava a nivel municipal. Los municipios concentran 59.1% de las irregularidades del gasto federalizado: 35,074.7 millones sin aclarar y el 97.2% de este monto debido a la “falta de documentación comprobatoria”. Sin papeles no hay trazabilidad; sin trazabilidad, el desvío se convierte en “incapacidad administrativa” y la auditoría se estrella contra una pared.

La obra pública tampoco se salva. La ASF reportó pagos en exceso por 484.5 millones en el Puente Nichupté, en Quintana Roo, y 333.6 millones en la carretera Real del Monte–Huasca, en Hidalgo, por discrepancias entre lo facturado y lo construido. En salud, 1,591.2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) no están debidamente comprobados: falta documentación para justificar en qué se gastaron. Y en defensa, proyectos en Nayarit y Sonora se pagaron más de 172.7 millones por obras no ejecutadas.

El problema es que pese a que el desorden se detecta, casi nunca se castiga. Peor aún, el monto de lo recuperado, que llegó a ser el 53% hace años, ahora es de solo 17%. Y si de impunidad se trata, solo 2% de las denuncias que presenta la ASF termina en sentencia condenatoria. Por eso muchos funcionarios saben que pueden desviar miles de millones de pesos a sus bolsillos sin arriesgarse mucho a ser castigados.

Los 65,169.1 millones de pesos no comprobados no son solo una cifra. Es dinero público, de todos los mexicanos, que no llegó a hospitales, escuelas, patrullas y obras útiles. La ASF audita y documenta, pero sin consecuencias reales, sean administrativas o penales, el sistema realmente premia al que desvía el gasto. Y cuando ese desvío sale barato, deja de ser excepción y se convierte en práctica común.

La conclusión es simple: la ASF señala el boquete, pero casi nadie lo tapa. Mientras la impunidad siga en 98%, el saqueo de miles de millones de pesos seguirá siendo un gran negocio para los funcionarios corruptos.

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