Javier Duarte se queda en prisión por peculado, delito que frena su libertad a días de cumplir su condena

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa , seguirá en prisión luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por un nuevo delito de peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos.

La determinación impide que el exmandatario recupere su libertad el próximo 15 de abril, fecha en la que concluye la sentencia que actualmente cumple por asociación delictuosa y lavado de dinero.

La resolución fue emitida por el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, quien además ratificó la medida de prisión preventiva justificada. Con ello, Duarte permanecerá encarcelado mientras avanza el nuevo proceso penal en su contra.

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La imputación fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), que acusa al exgobernador de haber autorizado el uso indebido de recursos federales originalmente destinados a sectores vulnerables, como niños y adultos mayores.

De acuerdo con la acusación, los cinco millones de pesos habrían sido redirigidos para cubrir compromisos financieros del gobierno estatal, entre ellos pagos de nómina.

La Fiscalía sostiene que Duarte firmó un decreto que permitió modificar el destino de esos recursos, lo que habría dado origen al presunto desvío.

Durante la audiencia, que se prolongó por cerca de 10 horas, la defensa cuestionó la solidez de la imputación y pidió que se detallara la participación directa del exmandatario en los hechos.

Sin embargo, el juez consideró que, por su posición como titular del Ejecutivo estatal, Duarte tenía la facultad de ordenar a sus subordinados la utilización del dinero etiquetado para otros fines.

En paralelo a los procesos contra Duarte en México, su exesposa, Karime Macías , ha enfrentado un proceso de extradición en el Reino Unido, donde reside desde hace varios años.

Una corte británica negó su entrega a México, según informó el abogado de la exprimera dama de Veracruz. Tras esa decisión, el Gobierno de México manifestó su intención de mandar un “extrañamiento” por el fallo judicial y reiteró su desacuerdo con los argumentos expuestos por la corte británica.

Las autoridades mexicanas defendieron que se habían ofrecido garantías suficientes sobre el respeto a sus derechos humanos en caso de ser extraditada y aseguraron que continuarían explorando las vías legales disponibles.

El juzgador fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. En ese periodo, tanto la defensa como la FGR podrán recabar y presentar pruebas para fortalecer sus respectivas posturas antes de que el caso avance a una etapa de juicio.

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