La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad del decreto que fija un límite al incremento anual de las rentas habitacionales en la Ciudad de México (CDMX).
Con esta decisión, el máximo tribunal respaldó que los aumentos no puedan superar la inflación registrada el año previo, una medida que busca frenar alzas desproporcionadas en medio del debate por la gentrificación y el derecho a la vivienda.
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El decreto establece que el aumento anual de la renta no puede ser mayor al porcentaje de inflación del año anterior. Si la inflación de 2025 fue de 3.69%, ese será el máximo que podrá incrementarse el alquiler durante 2026.
En términos prácticos: si una persona paga 12 mil pesos mensuales, el ajuste anual no podrá rebasar 443 pesos. Cualquier cláusula contractual que pretenda fijar un aumento superior podría ser impugnada.
Durante la discusión, algunos ministros señalaron que en los últimos 20 años el valor del suelo en la capital se ha incrementado hasta 800%, mientras que el porcentaje de personas que habitan vivienda propia pasó de 71% en 2000 a 50% en 2020.
En ese contexto, el límite busca equilibrar la rentabilidad legítima de los propietarios con la estabilidad económica de los inquilinos.
Rentas Congeladas
El fallo se da en medio de un debate más amplio sobre gentrificación en alcaldías con alta presión inmobiliaria. La Corte consideró que medidas regulatorias como el tope pueden contribuir a evitar desplazamientos forzados por incrementos abruptos.
No obstante, quedó pendiente la discusión sobre el Registro de Contratos de Arrendamiento, tema que será revisado en un proyecto posterior con ajustes por parte de la presidencia del tribunal.
Para arrendadores
Para inquilinos
Al resolver el amparo en revisión 546/2025, el pleno avaló el artículo 2448 D del Código Civil capitalino, vigente desde agosto de 2024.
Es importante subrayar que la Corte no legisla: no crea normas nuevas, sino que revisa su constitucionalidad y sienta precedentes obligatorios para tribunales inferiores, por lo que el legislativo —local o federal— deberán apegarse a sus dictámenes.
La resolución marca un criterio clave para 2026 y consolida el límite como una herramienta jurídica vigente en la capital.
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