El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el miércoles 18 de febrero un memorando que permitiría detener a extranjeros que ya residen en Estados Unidos. La orden afecta a miles de refugiados que aún no cuentan con residencia permanente. Al conocerse la medida, grupos defensores de los migrantes cuestionaron su legalidad y la calificaron como “injusta y absurda”.

El nuevo memorando que permitiría detener a migrantes legales que ya residen en EE.UU.

La orden de la administración del presidente Donald Trump indica que los refugiados que solicitan la green card deben ser colocados en un proceso de revisión un año después de presentar su petición. La medida tiene como objetivo oficial verificar las solicitudes. Además, señala que los agentes “pueden mantener custodia durante todo el proceso de inspección y examinación“, informó AP.

Las autoridades esperan que la orden alcance a más de 200 mil migrantes que entraron a EE.UU. bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

Pese a que el DHS argumenta que la acción responde a una cuestión de seguridad nacional, los expertos citados por AP sostienen que los extranjeros a quienes se les permite entrar al país bajo esta categoría ya atravesaron un exhaustivo proceso de verificación.

Del lado de la administración Trump, el propósito declarado es reexaminar los casos de 5600 personas en Minnesota a quienes aún no se les había concedido el estatus de residentes permanentes. El gobierno alega un fraude en los programas públicos.

Avanza el DHS con el arresto de migrantes legales en medio del caos en Minnesota

La medida llegó horas antes de que el juez federal John Tunheim presidiera una audiencia para decidir si debía extender una orden temporal que protege del arresto y la deportación a refugiados en Minnesota. La demanda se basaba en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a estos migrantes y los enviaron a centros de detención en Texas, donde no tuvieron acceso a abogados.

Para impedir que continúe esta situación, la medida provisional fue emitida el mes pasado. Allí, el juez aseguró que los demandantes probablemente prevalecerían debido a que “su arresto y detención, y la política que pretende justificarlos, son ilegales”.

En el proceso, el abogado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Brantley Mayers, afirmó que el gobierno debería tener el derecho de arrestar a los extranjeros un año después de su ingreso al país. Luego agregó que esto no sucedería en todos los casos. “Esa es una decisión discrecional del DHS”, sostuvo.

Previamente, Tunheim había rechazado el argumento de la administración Trump de que puede ponerlos bajo custodia al no obtener la residencia permanente.

“Imponer la detención conduciría a un resultado ilógico”, indicó. En esa línea, agregó que con esta interpretación casi todos los refugiados enfrentarían un arresto a menos que los funcionarios de inmigración revisen sus casos exactamente al cumplir el año.

Al cierre de la audiencia, no emitió un fallo el jueves, sino que adelantó que daría a conocer una decisión por escrito. De no brindar una extensión, la orden temporal del 28 de enero expirará el 25 de febrero.

Al término de la audiencia, la senadora federal demócrata Tina Smith reclamó que el gobierno “no logró ofrecer ningún argumento coherente para su política, ni en cuestiones de derecho ni en hechos”.

Críticas contra el nuevo memorando que permitiría detener a migrantes legales que ya residen en EE.UU.

La medida del DHS recibió rápidamente los cuestionamientos de los grupos defensores de los derechos de extranjeros. La Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en inglés) la calificó como “un esfuerzo transparente para arrestar y posiblemente deportar a miles de personas que están legalmente presentes en este país, personas a las que el propio gobierno dio la bienvenida”.

“Se les prometió seguridad y la oportunidad de reconstruir sus vidas. En su lugar, el DHS ahora los amenaza con ser arrestados y detenerlos de forma indefinida”, denunció Beth Oppenheim, directora ejecutiva del grupo.

Por su parte, el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, uno de los principales demandantes en Minnesota, exigió a un juez que declare ilegal la nueva política.

“Me preocupa que el memorando del 18 de febrero y la detención indiscriminada de refugiados en Minnesota sean las primeras salvas de un ataque contra los migrantes reasentados en todo Estados Unidos”, dijo Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales de la organización, citada por The Washington Post.

Desde su lugar, Shawn VanDiver, veterano de la Marina de EE.UU. y fundador de la organización sin fines de lucro AfghanEvac, criticó la medida y sostuvo que “es injusta y desproporcionadamente punitiva”.