Eileen O’Neill Burke, fiscal del condado de Cook en Illinois, anunció un cambio de política que permitirá a su oficina procesar penalmente a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuando existan fundamentos para cargos graves.

¿Qué establece el nuevo protocolo contra agentes del ICE?

O’Neill Burke informó en un comunicado de prensa al que accedió WTTW que su oficina implementó un protocolo que ordena utilizar todas las herramientas de persecución penal disponibles para respaldar investigaciones sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales de inmigración.

• La fiscal sostuvo que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera los agentes del ICE ni los fiscales” y afirmó que, si un oficial federal comete un delito, su oficina actuará conforme a la normativa estatal. Agregó que el protocolo fija directrices “claras y legalmente sólidas” para avanzar hacia la rendición de cuentas. El procedimiento se aplicará en casos que involucren:
• Muertes
• Disparos
• Actos de violencia
• Incidentes de uso de la fuerza vinculados con la aplicación de leyes migratorias federales.

¿Cómo funcionará el proceso de investigación y decisión de cargos?

El protocolo detalla el procedimiento por el cual los fiscales pueden asistir a las agencias policiales en la solicitud de citaciones ante un gran jurado dirigidas a víctimas o testigos, en el marco de investigaciones penales.

Asimismo, fija un mecanismo para elevar los casos a la Unidad de Revisión de Cumplimiento de la Ley de la fiscalía estatal. Esa unidad tomará la decisión final sobre la posible presentación de cargos por delitos graves.

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, declaró al medio que los agentes del orden cuentan con una autoridad “extraordinaria” para proteger a la comunidad. Sin embargo, afirmó que, si esa autoridad es abusada o deriva en violencia ilegal, los fiscales deben actuar siempre que se cumpla el estándar probatorio exigido por la ley. Además, expresó su respaldo al uso de todas las herramientas legales previstas en el nuevo protocolo.

Los pedidos de rendición de cuentas por operativos federales en Cook

El cambio de política se conoció días después de que la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, instara a la fiscal a presentar cargos penales contra oficiales federales por uso excesivo de la fuerza el año pasado.

En su declaración, Preckwinkle mencionó el tiroteo fatal de Silverio Villegas González, ocurrido en septiembre de 2025 en el suburbio de Franklin Park, y el ataque que dejó gravemente herida a Marimar Martínez, quien sobrevivió tras recibir varios disparos por parte de un agente federal.

Hasta el momento, en ninguno de los dos casos se presentaron acusaciones penales en contra de los funcionarios migratorios involucrados. No obstante, el abogado de Martínez afirmó que se encuentra en curso una investigación criminal federal. A su vez, Preckwinkle solicitó que la fiscalía evaluara los “cargos disponibles” en ambos episodios.

Semanas antes, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Policía de Chicago a documentar acciones de agentes federales y a intentar identificar a los responsables de presunta conducta indebida o violaciones penales. Además, dispone que los supervisores policiales preserven y remitan pruebas de posibles delitos graves a la Fiscalía del Condado de Cook para su eventual procesamiento.

Según informó CBS News, en ese momento, O’Neill Burke cuestionó públicamente la orden al señalar que su oficina no la había revisado antes de su publicación y advirtió que no otorga aprobación legal a las medidas sin un análisis previo, en un asunto que calificó como “crítico”.