La Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo que invalida los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). No obstante, la resolución omitió definir el destino de aproximadamente 175,000 millones de dólares recaudados previamente, lo que establece un nuevo foco de incertidumbre para el comercio agroalimentario internacional.
De acuerdo con un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), esta omisión técnica abre un frente legal que podría prolongarse hasta por cinco años. El organismo señala que diversas empresas del sector, incluyendo importadores y procesadores vinculados a las cadenas de granos, oleaginosas, proteínas y energéticos, ya han iniciado procesos de litigio con el objetivo de recuperar los pagos efectuados bajo dicho esquema arancelario.
El impacto para el sector agropecuario se manifiesta inicialmente en la contabilidad de las empresas, donde los posibles reembolsos se integran como activos contingentes. Sin embargo, GCMA precisa que esta situación no tendrá un efecto inmediato en los precios pagados por el consumidor final. A nivel macroeconómico, la eventual devolución de estos recursos representaría una presión para las finanzas públicas de Estados Unidos, lo que eleva el riesgo de que se implementen nuevas medidas compensatorias.
A pesar de la invalidez de los aranceles bajo la IEEPA, la estructura proteccionista estadounidense se mantiene vigente a través de las Secciones 232 y 301. Estas normativas continúan impactando los costos de insumos estratégicos como acero, aluminio y maquinaria, elementos fundamentales para la infraestructura y operación del sector agroindustrial.
Para el mercado mexicano, el análisis de GCMA advierte que la judicialización del comercio introduce una fase de incertidumbre regulatoria extendida.
“Esto se traduce en una mayor volatilidad para los costos logísticos, el tipo de cambio y las decisiones de inversión relacionadas con el mercado estadunidense, detalla. La persistencia de esta incertidumbre como variable estructural se mantendrá en tanto no se defina un mecanismo claro de reembolso o una estrategia arancelaria alternativa por parte de las autoridades norteamericanas.


