Lo que viene: un calendario urgente para el agro en el Congreso

Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando, se lo dijo de manera categórica a la senadora nacional Patricia Bullrich, la jefa de LLA en el Senado: “La Argentina tiene que ser el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo con la Unión Europea”. Fue el miércoles pasado. Naveyra venía de Diputados, cámara que había tenido un día caliente por el dictamen de la reforma laboral, y se cruzó al Senado. Allí se estaba abordando, en la Comisión de Relaciones Exteriores, el convenio con el bloque europeo. Diputados ya le dio el visto bueno con 204 votos afirmativos y ahora falta el Senado, donde ya tuvo dictamen. Perlitas de la política: esa Comisión la preside Francisco Paoltroni, que tras su pelea con sectores del Gobierno en rechazo a que Ariel Lijo llegara a la Corte Suprema, está de vuelta bajo el calor oficial. Para Naveyra, que la Argentina sea el primer país del Mercosur en ratificar el tratado tiene un valor como mensaje y da “fuerza” para encarar otras cuestiones, como todas las regulaciones ambientales que desde el mismo bloque europeo se buscan imponer.

En concreto, la aprobación del Senado en el recinto está prevista para la semana entrante. Pero, más allá de esto que corresponde a extraordinarias, abriendo la ventana de las sesiones ordinarias, desde el 1° del mes próximo, hay otros temas importantes, algunos con avances y otros en la esfera de las discusiones y aún negociaciones.

Se encuentra la ratificación del convenio con los Estados Unidos, que incluye cuestiones vinculadas con el agro, comercio, inversiones, propiedad intelectual, entre otros puntos. El tema de la cuota ampliada para la carne no debería pasar por este ámbito, ya que, si bien quedó en el marco del entendimiento, hubo una negociación paralela y fue el mismo Donald Trump quien hizo una proclama concediendo el volumen extra de 80.000 toneladas para que se llegue a un cupo total de 100.000 toneladas.

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Desde Barbechando esperan organizar una jornada donde convocarán a miembros de Cancillería y técnicos para que los legisladores tengan todos los elementos necesarios en torno de las leyes que irán en línea con el acuerdo. En el caso del agro asoma de suma relevancia la adhesión que debería hacerse, por el entendimiento con Estados Unidos, al tratado UPOV 91, la llave para muchos a nuevas inversiones en semillas con una mayor protección a la propiedad intelectual.

Otro tema relevante es biocombustibles. El año pasado merodearon el espacio legislativo los proyectos de la oficialista Lorena Villaverde, acompañada de varios de sus pares de LLA, y de la Liga Bioenergética donde tallan fuerte las provincias. En vistas a discrepancias de fondo, donde La Liga valoriza una actividad con fuerte presencia de las pequeñas y medianas empresas, y el oficialismo quiere mayor apertura a la competencia, considerando que ingresen al mercado interno grandes jugadores que hoy no lo pueden hacer y solo exportan, la discusión quedó trabada. La Secretaría de Energía está por estos momentos trabajando para tender puentes entre ambas posturas y el asunto volvería al Congreso cuando esté 100% consensuado. Lo que algunos mientras tanto no entienden en la actividad es por qué Energía, que tiene la facultad, no sube de 7,5 a 10% el corte en el biodiésel y de 12 a 15% en el etanol.

Para el agro, otra cuestión no menor es el proyecto que llegó el año pasado al Congreso sobre los presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de fitosanitarios. Se trata de una iniciativa que logró el apoyo de decenas de legisladores y tiene el aval de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), que reúne a más de 80 instituciones públicas y privadas. En medio de la campaña electoral, el tema se abordó en una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ambiente, pero no avanzó más. El oficialismo no hizo ninguna objeción técnica al tema, pero consideró que en medio del fragor político no era el momento.

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¿Y las retenciones? En este punto, pocos creen que el tema pueda salir por ley considerando que el Gobierno tiene como norte solo avanzar con reducciones en la medida que lo permita el equilibrio fiscal. Ya descartó el tratamiento legislativo del tema el año pasado.

Sin embargo, en varios ámbitos, como en Barbechando, consideran que debe haber una ley que elimine como tal los derechos de exportación para que haya previsibilidad. En este marco, Barbechando seguirá llevando información sobre el asunto a los legisladores. “Tiene que ser por ley [el final del tributo]”, remarcó Naveyra. El objetivo es que ningún otro gobierno pueda recurrir a la chance de subirlas.