En Texas entró en vigor a principios de este 2026 una ley firmada por el gobernador Greg Abbott que brinda una exención de impuestos a propietarios de organizaciones benéficas. La HB 2525, que modifica el Código Tributario, otorga el alivio fiscal para ciertos grupos que brindan alojamiento. Para aplicar, deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad.

HB 2525: la ley de Greg Abbott que elimina impuestos

Patrocinada por los senadores Angela Paxton y Kevin Sparks, la ley fue aprobada por la Legislatura de Texas y firmada por el gobernador el 20 de junio de 2025. El 1° de enero de 2026, entró en vigor y modificó el Código Tributario para otorgar una exención fiscal a organizaciones caritativas que proveen vivienda y servicios relacionados a personas que tienen 62 años o más.

El texto de la HB 2525 indica que incluye no solo la vivienda en sí (independiente, asistida o en un centro de cuidados), sino también servicios ministeriales, sociales, de salud, educativos y relacionados con las necesidades de las personas mencionadas en situación de necesidad.

Al presentar la medida, el Comité indicó que algunas de estas organizaciones vieron cuestionadas o revocadas sus exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles a pesar de los beneficios que ofrecen. La HB 2525 busca proporcionar certidumbre en este punto a los grupos benéficos de vivienda para personas mayores.

Requisitos para aplicar a la exención de impuestos para propietarios de organizaciones benéficas en Texas

La legislación establece ciertos requisitos esenciales para que las organizaciones puedan aplicar al alivio de la carga impositiva:

• La organización ofrece vivienda y servicios sin importar la capacidad de pago de los residentes, o lo hace en una proporción no menor al 4% de sus ingresos netos de residentes.
• Debe haber existido durante al menos 20 años o estar bajo el control común con una organización que sí cumple ese criterio.
• Debe ser propietaria del inmueble (debe usarse principalmente para fines caritativos).
• No puede haber ganancias indebidas para individuos, directivos o terceros.

Además, la exención no es automática, sino que debe solicitarse ante el distrito de tasación del condado y renovarse si lo requieren. Como el beneficio aplica al inmueble, si la organización posee varias propiedades, cada una se evalúa por separado.

Firmadas por Greg Abbott: las recientes leyes que eliminan impuestos

La legislación que entró en vigor el 1° de enero forma parte de los esfuerzos de los republicanos en todo el país para reducir la carga impositiva de los ciudadanos y empresas. En Texas, Abbott firmó un paquete legislativo en junio cuyo objetivo es proporcionar alivio fiscal.

• Aumentó la exención de impuestos personales sobre la propiedad para negocios (Business Personal Property) de US$2500 a US$125 mil de valor exento.
• Incrementó la exención de impuesto sobre la propiedad de vivienda obligatoria para distritos escolares de US$100 mil a US$140 mil (valor de mercado exento del impuesto).
• Incrementó la exención obligatoria de vivienda familiar para residentes en distritos escolares (mayores de 65 años y personas con discapacidad) a US$200 mil.

A su vez, la SB 1502, aprobada en mayo de 2025, limita la autoridad de los gobiernos locales para establecer tasas de impuestos sobre la propiedad que excedan el nivel aprobado por votantes sin nueva elección. Esto puede impedir la imposición de aumentos imprevistos.

En esa línea, según informó Fox News, en febrero de 2026 Abbott presentó un plan de cinco puntos para reformar el sistema de impuestos sobre la propiedad en el Estado de la Estrella Solitaria, con el objetivo de:

• Limitar el crecimiento del gasto de gobiernos locales, lo que indirectamente reduciría la presión para subir impuestos.
• Requerir el voto de los ciudadanos para cualquier aumento de impuestos locales.
• Capacitar a votantes para “revocar” impuestos locales mediante referéndum.
• Establecer límites a cómo y con qué frecuencia las propiedades pueden ser tasadas.
• Eliminar los impuestos escolares sobre la propiedad para dueños de viviendas, lo que trasladaría la financiación de la educación del pago local al estado.