La Justicia autorizó a “Chiqui” Tapia a salir del país a días de su indagatoria y deberá pagar una caución millonaria

A poco más de una semana de su declaración indagatoria en una causa por presuntos delitos tributarios y previsionales, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado por la Justicia a viajar al exterior entre el 24 y el 27 de febrero. La salida del país quedó sujeta al pago de una caución real de cinco millones de pesos y a una serie de estrictas condiciones impuestas por el juzgado.

Tapia y Toviggino fueron citados a indagatoria y corre riesgo su presencia en el Mundial: los inhabilitaron para salir del país

La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico N°5, Diego Amarante, quien hizo lugar al pedido presentado por la defensa del dirigente. El magistrado consideró que el viaje no interfiere con las fechas fijadas para las indagatorias, previstas a partir del 5 de marzo.

Tapia tiene compromisos oficiales en Colombia y Brasil. En primer lugar, participará de un acto convocado por la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Luego asistirá a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro. Además, presenciará la final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús en el estadio Maracaná.

Fianza y condiciones estrictas

El fiscal Claudio Navas Rial no se opuso a la autorización, aunque dejó en manos del juez la fijación de una caución. Finalmente, Amarante estableció una fianza de $5.000.000, que deberá depositarse en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina.

La resolución también ordena que Tapia suscriba un acta de compromiso antes de viajar y que, dentro de las 48 horas posteriores a su regreso, informe su ingreso al país a través del sistema judicial LEX100, acompañando la constancia migratoria correspondiente. En caso de incumplimiento, el tribunal advirtió que podría declararlo en rebeldía, ejecutar la fianza y ordenar su captura.

La restricción migratoria había sido comunicada previamente al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones, como parte de las medidas para garantizar su sujeción al proceso.

La causa: más de $19.000 millones bajo investigación

La investigación se inició el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. El expediente analiza presuntas retenciones de impuestos y aportes a la seguridad social que habrían sido descontados pero no ingresados al fisco dentro del plazo legal.

Según la acusación, los montos involucrados ascienden a más de $19.000 millones, discriminados en retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias -incluido el régimen del artículo 79- y contribuciones patronales a la seguridad social. De acuerdo con la querella, las maniobras se habrían extendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El encuadre legal se apoya en el Régimen Penal Tributario y en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que establece que el delito se configura cuando, transcurridos 30 días del vencimiento, no se depositan fondos retenidos a terceros.

ARCA sostiene que la AFA contaba con capacidad económica suficiente para cumplir con sus obligaciones fiscales. En ese sentido, señaló que durante 2025 la entidad registró ingresos por más de $453.000 millones y constituyó plazos fijos en pesos y dólares, lo que, a criterio de la querella, descarta un escenario de imposibilidad financiera.

Quiénes fueron citados

Tapia fue citado a indagatoria junto al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros dirigentes: Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. Las audiencias comenzarán el 5 de marzo con la declaración del presidente y continuarán entre el 6 y el 9 con el resto de los imputados.

La defensa del titular de la AFA intentó sin éxito cerrar el expediente mediante una excepción de falta de acción, argumentando que existían resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían temporalmente ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro. El juez rechazó el planteo y la cuestión fue apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Una vez realizadas las indagatorias, el magistrado contará con diez días para definir la situación procesal de los acusados: podrá dictar procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento. Mientras tanto, el expediente continúa en etapa de instrucción y no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

En ese contexto, Tapia podrá cumplir con su agenda internacional, aunque bajo la lupa judicial y con la obligación de regresar al país antes de que comience una instancia clave en su frente judicial.

CRM