Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que salieron a apoyar a Tapia y denunciaron “persecución”

La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la fecha 9 del torneo Apertura y paralizar el resto de las categorías, en repudio a la denuncia de ARCA que derivó en el llamado a indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, generó rápidas repercusiones entre los clubes de primera división.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo, la entidad rechazó los cargos por evasión y retención de aportes, aseguró que “no tiene deuda alguna exigible” y sostuvo que las obligaciones fueron canceladas antes de sus vencimientos, un planteo que permanece bajo análisis de la Cámara de Apelaciones. En ese contexto, varias instituciones expresaron públicamente su respaldo a la conducción y confirmaron su adhesión al paro.

Central Córdoba fue uno de los primeros en fijar posición. El club santiagueño vinculado a Toviggino anunció que adherirá a la medida entre el 5 y el 8 de marzo y calificó de “infundado” el “ataque judicial y mediático” contra la AFA, al advertir que genera incertidumbre para instituciones, futbolistas y trabajadores.

En su comunicado recordó el fallo Sheppard vs. Maxwell (1966) de la Corte Suprema de Estados Unidos para señalar que una cobertura “sensacionalista y desmedida” puede afectar el derecho a un juicio justo, y remarcó la necesidad de preservar el debido proceso y la institucionalidad.

“A pocos meses del Mundial y con la actividad deportiva en pleno desarrollo, determinadas medidas generan incertidumbre y afectan no solo a las instituciones sino también a futbolistas, trabajadores e hinchas”, insistieron.

Y concluyeron: “Central Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de la autonomía institucional, el respeto por el debido proceso y la protección del fútbol argentino como patrimonio cultural y social de nuestra Nación”.

Atlético Tucumán también confirmó su apoyo y respaldó la postura de la entidad madre del fútbol argentino. Sostuvo que las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron abonadas antes de su vencimiento y consideró “inadmisible” que compromisos no exigibles sustenten una imputación penal.

“La AFA ha aclarado que no posee deuda fiscal exigible alguna, dado que las obligaciones mencionadas en la denuncia presentada por ARCA fueron abonadas en forma voluntaria y con anterioridad a su vencimiento, situación que se encuentra actualmente a resolución de la Cámara de Apelaciones. Resulta inadmisible que obligaciones no vencidas ni exigibles sean utilizadas como sustento para una imputación penal”, enfatizó.

Y cerró: “Reafirmamos nuestro compromiso con el modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, pilares de la identidad del fútbol argentino, y con la defensa de la autonomía de nuestras instituciones. Es momento de actuar con unidad y firmeza en resguardo del fútbol argentino en su conjunto”.

En la misma línea se expresó Deportivo Riestra, que calificó de “falaz” el escenario judicial, y reiteró la referencia al precedente estadounidense sobre la influencia de la prensa en los procesos judiciales. El escrito difundido por el club que preside Fernando Salorio es casi idéntico al compartido por Central Córdoba.

Tapia y Toviggino deberán declarar el 5 y 6 de marzo tras ser acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones. La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante el pasado jueves. También se les prohibió salir del país, aún cuando a Tapia se le otorgó este lunes permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil.

La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez. En el escrito, el juez sostuvo que hay “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.

Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.