El Gobierno apura una nueva ley de financiamiento universitario y busca el aval de los rectores

Confiado en su buena estrella tras la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo buscará un nuevo triunfo político con la sanción de una ley de financiamiento universitario que ponga fin al conflicto judicial con las casas de altos estudios. La iniciativa se presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados y el Gobierno confía en que contará con el aval de los rectores, quienes en un mensaje conjunto volvieron a exigir que se aplique la normativa vigente.

Tras fracasar en su intento por derogar la ley de financiamiento que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado, el Gobierno volvió sobre sus pasos y optó por negociar. Así surgió esta nueva iniciativa que no deroga la que está vigente, aunque sí la modifica; el Gobierno busca, así, desactivar el frente judicial que tiene abierto por no cumplir con una ley que fue insistida por ambas cámaras parlamentarias tras el veto presidencial.

La propuesta se negoció en el último mes con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, a priori, recibió el aval de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Aunque prefieran no decirlo en público, la mayoría de los rectores está de acuerdo; si bien hoy contamos con un fallo a nuestro favor en primera instancia en la Justicia, el Gobierno apeló y nada nos garantiza que la Justicia resuelva la cuestión en tiempo perentorio. Si se aprueba esta ley, el financiamiento de todas las universidades está garantizado. Ahora no lo está”, justificó una importante autoridad de la UBA.

A pesar del guiño de la UBA, el CIN emitió hoy un comunicado en el que exige el cumplimiento de la actual norma de financiamiento universitario “para recuperar el salario perdido en 2024 y 2025 y que se convoque a paritarias”. Además, el Consejo advirtió: “Es fundamental establecer las pautas de actualización de gastos de funcionamiento, de sostenimiento del sistema científico y teconológico y la actualización de los montos destinados a las becas estudiantiles”.

Los rectores, en su mensaje, sumaron: “No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del ciclo lectivo 2026, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación”.

El proyecto en cuestión que impulsa el Gobierno recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley hoy vigente. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios. La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.

Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley vigente obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80 mil millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.

En vísperas del inicio del ciclo lectivo universitario, el Gobierno quiere desactivar los conflictos en un sector social que ha dado muestras de movilización y resistencia a los sucesivos intentos de la Casa Rosada de ajustar el presupuesto de las casas de altos estudios. Si bien los rectores parecen dispuestos a firmar la paz, los gremios universitarios ya anunciaron medidas de fuerza en contra del proyecto.