Boca respaldó a Tapia, denunció “reiterados ataques” contra la AFA y apoyó la suspensión de la fecha 9

Boca Juniors emitió un comunicado en el que se solidarizó con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quienes fueron citados a declarar en la causa impulsada por ARCA por evasión fiscal y retención de aportes. En ese contexto, denunció “reiterados ataques” contra sus autoridades y apoyó la decisión de suspender la novena fecha del Apertura.

En el texto difundido por su Comisión Directiva, el club de la Ribera expresó su “más profunda solidaridad” con Tapia y Toviggino y advirtió: “No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles”.

Con respecto la decisión adoptada por el organismo rector del fútbol argentino, puntualizaron: “Se enmarca en un escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino. Las actuaciones recientemente impulsadas contra autoridades de la AFA, así como el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones, configuran una situación que trasciende un debate técnico o administrativo y que impacta en la normalidad del sistema".

Y, en consecuencia, resolvieron: “Boca entiende que el funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. Cuando ese equilibrio se ve alterado, corresponde adoptar posiciones claras en resguardo del orden“.

“Nuestro club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro, gobernadas por sus socios y con fuerte compromiso social. Defender ese esquema implica también preservar su autonomía frente a cualquier embate. Por ello, entendemos que actuar con responsabilidad es una obligación cuando se encuentran comprometidos principios estructurales", acotaron.

Y concluyeron: “El Club Atlético Boca Juniors reafirma su compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las instituciones del fútbol argentino”.

De esta manera, Boca se suma a otras instituciones que expresaron públicamente su respaldo a la conducción y confirmaron su adhesión al paro. Central Córdoba fue uno de los primeros en fijar posición el lunes. El club santiagueño vinculado a Toviggino anunció que adherirá a la medida y calificó de “infundado” el “ataque judicial y mediático”contra la AFA, al advertir que genera incertidumbre para futbolistas y trabajadores.

En su comunicado recordó el fallo Sheppard vs. Maxwell (1966) de la Corte Suprema de Estados Unidos para señalar que una cobertura “sensacionalista y desmedida” puede afectar el derecho a un juicio justo, y remarcó la necesidad de preservar el debido proceso y la institucionalidad.

Atlético Tucumán también confirmó su apoyo y respaldó la postura de la entidad madre del fútbol argentino. Sostuvo que las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron abonadas antes de su vencimiento y consideró “inadmisible” que compromisos no exigibles sustenten una imputación penal.

De la misma manera se expresó Deportivo Riestra, que tildó de “falaz” el escenario judicial, y reiteró la referencia al precedente estadounidense sobre la influencia de la prensa en procesos judiciales. En el transcurso de las últimas horas, clubes como Newell’s y Barracas Central también se expresaron en apoyo a la AFA.

Tapia y Toviggino deberán declarar el 5 y 6 de marzo tras ser acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones. La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante el pasado jueves. También se les prohibió salir del país, aún cuando a Tapia se le otorgó este lunes permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil.

La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez. En el escrito, el juez sostuvo que hay “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.

Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62.De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.