California podría convertirse en el epicentro de un acuerdo. El gobernador Gavin Newsom y el presidente Donald Trump coincidieron públicamente en la necesidad de frenar la compra masiva de viviendas por parte de grandes inversores corporativos. En ese contexto, un nuevo proyecto de ley estatal promete transformar esa declaración de intenciones en una medida concreta que podría alterar el mercado inmobiliario.

El proyecto de ley de California que apunta a un “vacío fiscal”

Según informó Los Angeles Times, el asambleísta demócrata Matt Haney presentó en enero la iniciativa AB 1611 para eliminar lo que describe como una “laguna fiscal” que permite a grandes propietarios y firmas de inversión competir con ventaja frente a compradores particulares.

El eje de la discusión gira en torno a la llamada “1031 exchange”, una herramienta del sistema tributario federal que autoriza a los dueños de propiedades destinadas a inversión a diferir el pago de impuestos sobre ganancias de capital si, tras vender un inmueble, adquieren otro de características similares dentro de un plazo determinado.

En la práctica, la regla vigente habilita a reemplazar una propiedad por otra sin tributar en el momento de la operación, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Haney cuestionó el esquema vigente. “Es impactante que, por diseño, nuestro sistema impositivo permita que grandes firmas aprovechen beneficios fiscales para superar en ofertas a familias californianas cuando compran viviendas”, sostuvo. A su entender, esa ventaja impositiva se traduce en un poder de fuego mayor en las pujas por casas unifamiliares, especialmente en zonas de clase trabajadora y sectores medios.

Qué cambiaría la AB 1611 de California

El texto oficial del proyecto, correspondiente a la sesión regular 2025–26 de la Legislatura de California, detalla la modificación que se busca introducir en el Código de Ingresos y Tributación.

La AB 1611 incorporaría las secciones 18031.6 y 24941.6 para establecer que la normativa vinculada a la Sección 1031 del Código de Rentas Internas no será aplicable cuando el contribuyente posea 50 o más propiedades residenciales unifamiliares destinadas al alquiler al momento de concretar el intercambio.

La iniciativa define que “poseer” incluye tanto la titularidad directa como la indirecta, es decir, a través de participaciones totales o parciales en entidades que sean dueñas de esos inmuebles. Asimismo, precisa que la restricción alcanzará a los intercambios completados a partir del 1° de enero de 2026 y para ejercicios fiscales iniciados desde esa misma fecha.

El proyecto también aclara que no afectará operaciones en las que la propiedad vendida o la recibida haya sido transferida antes del 1° de enero de 2026.

El consenso político inusual: Trump y Newsom en sintonía

El impulso político del proyecto se apoya en un contexto poco frecuente. En su último discurso sobre el estado del Estado, Newsom prometió adoptar una postura más dura frente a la compra corporativa de viviendas y calificó como “vergonzoso” que fondos de inversión privados se conviertan en algunos de los mayores propietarios en ciudades californianas, según indicó LA Times.

Semanas antes, Trump había anunciado medidas para prohibir que inversores institucionales adquirieran casas unifamiliares, aunque sin detallar acciones específicas.

Para Haney, esta coincidencia ideológica demuestra que el acceso a la vivienda puede dejar de ser un asunto partidista. “Sea cual sea tu inclinación política, deberías querer que las familias comunes tengan acceso a la propiedad”, afirmó. Y agregó: “Tal vez este sea uno de los raros temas donde hay acuerdo amplio y podemos resolver un problema”.