BUENOS AIRES (Reuters).- El Congreso comenzará este jueves a tratar cambios en la ley de Glaciares, una norma que protege los glaciares andinos, para desbloquear inversiones de empresas mineras, modificaciones que los ambientalistas ‌consideran que comprometen el acceso al agua.

El ‌proyecto , que será tratado primero por el Senado, fue impulsado por el presidente Javier Milei, que ya otorgó beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos a las mineras a través de un régimen especial de inversiones conocido como RIGI, que logró atraer a ​gigantes como ⁠Glencore Plc, BHP y ⁠Lundin Mining.

Qué dice la norma

Según la Ley 26.639 (o ley de glaciares), se encuentran prohibidas ciertas actividades productivas para preservar glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de recursos hídricos para cumplir ciertas funciones (entre otras, la de “atractivo turístico”). Se trata de un “presupuesto mínimo de protección” que el art. 41 de la Constitución autoriza a dictar a la Nación.

La norma también creó el Inventario Nacional de Glaciares, que relevó 16.968 cuerpos de hielo en la cordillera de los Andes, con una superficie cercana a los 8484 kilómetros cuadrados, un informe elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia). El instituto dijo en un comunicado que no había sido informado o consultado sobre los cambios a la ley.

Reforma

La reforma incluye una serie de cambios que, según ambientalistas, diluirían las protecciones a los glaciares, aunque las mineras y otros actores consideran ​que brindarían precisiones para avanzar con inversiones que convertirían al país en un proveedor clave de cobre y litio, metales con creciente demanda por ‌la transición energética.

Una de las principales modificaciones consiste en delegar en las provincias la definición ​de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, ​que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.

“La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente”, dijo la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en un comunicado.

“Planteamos la necesidad de aclaraciones técnicas más precisas, especialmente sobre las zonas periglaciares”, agregó y sostuvo que en regiones con minería, cerca del 93% del agua se destina a la agricultura y el 1% a la minería. ​El porcentaje restante lo usan otras industrias.

Si la reforma fuera apoyada por el Senado, pasará a Diputados para una nueva votación.

Polémica

Las opiniones se hallan divididas. ⁠Mientras que algunos argumentan que las provincias son titulares de los recursos y deben definir cuáles proteger, grupos ambientalistas como Greenpeace consideran que “se corre el riesgo de que primen intereses económicos por sobre ‌la preservación del agua”.

La ley sancionada en 2010 que el Gobierno quiere modificar prohíbe la explotación minera y otras actividades industriales en glaciares y zonas periglaciales (glaciares de escombros y suelo congelado), estableciendo los presupuestos mínimos para su protección y buscando la preservación de estas formaciones como reservas estratégicas de recursos hídricos.