Sheinbaum aclara que la reforma electoral no afecta las inversiones; presume récord histórico de IED
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso no representa un retroceso democrático ni genera incertidumbre para la inversión nacional y extranjera, al tiempo que defendió el modelo de inversión mixta impulsado por su administración, particularmente en el sector eléctrico.
“La propuesta de reforma electoral que estamos enviando no representa un retroceso en la democracia; al contrario, fortalece la democracia del país”, afirmó. “No genera ninguna incertidumbre, ni nada que pueda significar una afectación al clima de inversiones en México”.
“Al fortalecer la democracia, se fortalece a México y con ello también a los empresarios”, dijo la primera mandataria en su conferencia mañanera de este jueves.
Confianza empresarial y reactivación económica
Sheinbaum Pardo destacó que las cifras históricas de Inversión Extranjera Directa (IED) son una señal de confianza estructural en la economía mexicana, aún en un entorno global competitivo donde América del Norte ha concentrado parte importante de los flujos de capital.
“Todos los empresarios nacionales y extranjeros pueden saber que México está abierto a las inversiones, siempre que cumplan con las reglas establecidas en nuestro país”, subrayó.
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La presidenta sostuvo que existe una reactivación económica relevante y que su gobierno trabaja tanto para atraer inversión pública como privada, nacional y extranjera, en el marco del llamado “Plan México”, orientado a fortalecer la inversión productiva.
Al abordar las demandas del sector empresarial para mejorar las condiciones de participación en proyectos públicos, marcó distancia con el esquema tradicional de asociaciones público-privadas (APP), el cual, dijo, fue utilizado en el pasado con abuso del presupuesto público.
“Hay varios proyectos mixtos, no son tal cual público-privados como antes. Ahora es distinto”, explicó.
Detalló que el nuevo modelo permite inversión privada en proyectos públicos, pero bajo condiciones claras:
- No se cede la concesión.
- La obra permanece en manos públicas.
- Se establecen tasas adecuadas y reglas definidas.
- Se mantiene el control estratégico del Estado.
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