El Gobierno cortó un negocio de datos públicos que una consultora cobraba “caro” para ver

El Ministerio de Justicia informó que comenzará a difundir los datos de patentamiento automotor. La información oficial llegará luego de unas jornadas en que esa información no estuvo disponible.

Justicia informó que “detectó que la información contenida en los sistemas de dirección contenida en los sistemas de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) no se encontraban disponible en igualdad de condiciones para todos los interesados”.

Además, subrayaron que “determinados actores accedían a datos registrales relevantes sin que existiera un mecanismo público, transparente y uniforme para su consulta”.

El detrás de escena es que una consultora privada (SIOOMA) canalizaba los datos públicos de patentamientos que producía la Dirección Nacional y los ofrecía a las terminales asociadas a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que debían pagar el servicio. La cifra que percibían por esa información no bajaba de cientos de miles de pesos, según fuentes del sector.

Esta semana, se interrumpió la actualización habitual de los datos a los que accedía esa consultora. El sistema además proveía de información actualizada y detallada a todos los asociados a la cámara sobre las ventas en todo el país.

Justicia indicó que trabajan en un nuevo sistema abierto que centralizará y pondrá a disposición de manera oficial los datos que administra, para garantizar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública.

Hasta que el nuevo sistema no esté finalizado, invitan a solicitar los reportes directamente a la dirección nacional vía mail. El reporte incluirá la cantidad de inscripciones y transferencias mensuales discriminados por competencias, marca modelo y tipo de vehículo.

Antecedentes

A pocos días de asumir, el Gobierno de Javier Milei decidió eliminar más de 2000 contratos con el Ministerio de Justicia que se habían canalizado a través de ACARA.

El entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había dicho que los trabajadores “habían sido contratados de manera espuria por décadas, por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público conocido como el SINEP”.

Los empleados, según el Gobierno, desarrollaban tareas vinculadas al Registro de Propiedad Automotor y controlaban operaciones en los distintos Registros del país.

Ya en 2022, el exfuncionario Nicolás Gadano había advertido sobre el manejo de ACARA de los Registros y los fondos que pagan los dueños de los autos para inscribirlos.

La Cámara además tenía el control sobe la provisión de suministros para los registros, como formularios, carpetas, entre otros, así como las chapas patentes que eran elaboradas por la ahora extinta Casa de la Moneda, pero trianguladas a través de la cámara hasta los registros.

En esta misma línea, el Gobierno avanzó con el cierre de más de 300 Registros del Automotor y creó el registro digital. Esta operación implicaría que “solo en formularios se van a ahorrar $83.000 millones por año”, según Adorni.