Privilegiar al menor

El gobierno porteño lleva adelante controles periódicos en espectáculos deportivos y culturales masivos en busca de deudores alimentarios. Los cambios en la normativa que habilitaron estos procedimientos fueron aprobados por la Legislatura local y comenzaron a regir hace un año.

Quienes adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternados, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme, se suman al Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). Este permite que muchos accedan a información sobre su situación judicial y que inicien trámites pendientes.

En un año, en un total de 119 operativos se impidió el ingreso a 102 infractores que destinaban recursos a actividades recreativas sin haber cumplido con sus obligaciones alimentarias. Los procedimientos de control incluyeron partidos de fútbol, encuentros internacionales de rugby y unos 20 conciertos. Los deudores solo pueden volver a acceder a estas actividades recreativas luego de haber regularizado su situación.

La ciudad es también pieza fundamental para la estrategia de articulación interjurisdiccional. En noviembre pasado, el Ministerio de Justicia porteño organizó el Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos. Expertos, universidades y organismos internacionales como Unicef abordaron cuestiones de legislación, políticas y desafíos del derecho alimentario en mesas de trabajo. De resultas, autoridades y funcionarios de 16 provincias estuvieron de acuerdo en promover la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, una valiosa iniciativa en pos de fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho alimentario de los menores.

Un reciente fallo judicial prohibió el ingreso de un hombre a un casino de Bariloche por incumplimiento del pago de cuota alimentaria, reflejando la expansión que adquieren las restricciones en todo el ámbito nacional.

Sumar la sanción social a la judicialización es clave. Reforzar la conciencia social y consolidar la cultura de que las obligaciones alimentarias no son optativas es salvaguardar el derecho de niños y adolescentes.