El Gobierno autorizó subas en los costos para tramitar el pasaporte argentino

El Gobierno autorizó aumentos en los costos para realizar los pasaportes argentinos al autorizar un nuevo tarifario para todas sus modalidades de tramitación. La decisión se formalizó mediante la Disposición 106/2026 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), publicada este martes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir el 6 de marzo.

Con el nuevo cuadro tarifario aprobado por el organismo, el pasaporte ordinario para argentinos con entrega regular pasará de $70.000 a $100.000, lo que implica un incremento cercano al 43%.

En tanto, el trámite exprés —que permite recibir el documento dentro de las 96 horas hábiles— tendrá un costo total de $200.000, frente a los $150.000 vigentes hasta ahora, lo que representa una suba del 33%.

La modalidad de resolución inmediata, con entrega dentro de las seis horas desde el inicio del trámite y disponible solo en oficinas habilitadas, pasará de $250.000 a $330.000. En este caso, el aumento ronda el 32%.

El organismo señaló que la actualización responde a la necesidad de sostener estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad en los documentos de viaje argentinos, en línea con referencias regionales.

Además de los pasaportes ordinarios, la suba alcanza a otros documentos de viaje. El pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de $70.000 a $100.000, lo que también implica un incremento cercano al 43%. El mismo valor se aplicará a los documentos de viaje para personas apátridas y para personas refugiadas, que hasta ahora tenían un arancel de $70.000.

La normativa recuerda que, conforme a las leyes que aprobaron las convenciones internacionales sobre el estatuto de los refugiados y de los apátridas, los derechos percibidos por la expedición de esos documentos no deben superar la tarifa más baja aplicada a los pasaportes nacionales.

El nuevo esquema mantiene la reposición sin cargo cuando se trate de un pasaporte o documento de viaje emitido con errores formales, siempre que la omisión pueda comprobarse mediante el cotejo de la documentación presentada al momento del trámite y dentro de los 90 días corridos desde la fecha de entrega.

La medida fue dictada por el director nacional del Renaper, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, en uso de las facultades previstas por la ley 17.671 y el decreto 749/2019, que delega en ese organismo la fijación de los aranceles.