La Justicia argentina cita a Nahuel Gallo en la causa por violaciones de los DD.HH. del chavismo

En el marco de la investigación judicial que cursa en Argentina sobre presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, el juzgado dispuso convocar a declarar como testigo a Nahuel Gallo, conforme lo solicitó la querella en la causa. El gendarme argentino recuperó su libertad el último domingo y retornó al país donde se espera que brinde hoy una conferencia de prensa a las 14.

Según la resolución judicial, el testimonio podría resultar pertinente y útil para la pesquisa, ya que Gallo podría aportar conocimiento sobre los sucesos denunciados, los cuales se investigan como parte de una presunta estructura estatal responsable de los hechos.

Antes de fijar la audiencia, el tribunal ordenó requerir a la Gendarmería Nacional Argentina la elaboración de un informe mediante la evaluación de un grupo interdisciplinario de la fuerza. Ese documento deberá determinar si el testigo se encuentra en condiciones de declarar bajo juramento, en qué plazo podría hacerlo y bajo qué modalidad específica.

Además, deberá indicar si el testigo podría estar alcanzado por algún deber de abstención previsto en el artículo 244 del Código Procesal Penal de la Nación o por una obligación de guardar secreto que requiera relevo previo.

El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) solicitó formalmente a la Justicia argentina que cite a declarar como testigo a Nahuel Gallo en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del chavismo.

La petición fue planteada en el marco de las múltiples acciones legales y diplomáticas que diversas organizaciones de derechos humanos vienen impulsando ante la situación de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas de libertades fundamentales en Venezuela.

Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido por fuerzas del Estado venezolano el 8 de diciembre de 2024 mientras intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reunirse con su esposa y su hijo pequeño, según denuncias de su familia y del propio Gobierno argentino.

Desde entonces, fue acusado por el régimen chavista de participar en supuestas actividades terroristas y conspirativas, cargos que han sido rechazados una y otra vez por organizaciones de derechos humanos y por el propio Estado argentino por carecer de fundamentos claros y de asistencia legal o consular.

Ante esta situación, el FADD elevó ante la Justicia argentina la solicitud para que Gallo sea convocado a brindar su testimonio en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad vinculados al gobierno de Maduro y otros jerarcas chavistas, un expediente que ha tomado relevancia internacional al cruzar los límites estrictamente nacionales y convertirse en un símbolo de las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas.

En ese contexto, Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, desempeña un papel central en la articulación de esta y otras iniciativas dirigidas a visibilizar la situación de los presos políticos venezolanos, entre ellos Gallo.

Trotta ha sido una de las voces más firmes en denunciar ante organismos internacionales la existencia de más de 800 presos políticos, incluidos extranjeros, y ha abogado repetidamente por la aplicación de mecanismos judiciales internacionales para documentar y sancionar violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Para las organizaciones que impulsan la causa, la declaración testimonial de Gallo no solo aportaría elementos clave para esclarecer los hechos que se investigan en el expediente contra Maduro y otros funcionarios, sino que también consolidaría la legitimidad de los reclamos judiciales contra el régimen chavista, ante la falta de cooperación de las autoridades venezolanas y las restricciones impuestas a la justicia internacional.

La presentación ante la Justicia argentina se suma a otros esfuerzos diplomáticos y legales que han incluido denuncias ante la Corte Penal Internacional y pronunciamientos de organismos como la Organización de los Estados Americanos, que calificaron en el pasado la detención de Gallo como una detención arbitraria que podría constituir un crimen de lesa humanidad.