Desde el 1° de enero de 2026, los procesos de desalojo en Texas ya no se rigen por las mismas reglas que en años anteriores. Con la entrada en vigor de la SB 38 y la reescritura integral de la Regla 510 de Procedimiento Civil, el esquema legal fue reformulado para hacer más ágiles los juicios de posesión, limitar la discrecionalidad de los tribunales locales y reforzar la protección de la propiedad privada.

Un nuevo marco exclusivo para los desalojos en Texas

De acuerdo con el análisis publicado por el estudio jurídico Bell Nunnally, la reforma implicó que la Regla 510 pase a ser el único cuerpo normativo aplicable a los desalojos. Esto significa que las reglas generales de los tribunales de justicia —contenidas en las Reglas 500 a 507— ya no se aplican a estos litigios. El objetivo es eliminar superposiciones y contradicciones que, en el pasado, generaban confusión y demoras, indicaron.

Ahora los procedimientos de desalojo se rigen exclusivamente por lo que establece la Regla 510, incluso en materia de costos en apelación. La modificación también precisa que las disposiciones generales sobre pago de costas en apelaciones ante tribunales de justicia no resultan aplicables a estos procesos.

Según Bell Nunnally, esta consolidación normativa “establece un marco singular para los casos de desalojo”, lo que aporta claridad, pero también exige un cumplimiento estricto de los pasos formales previstos.

Límites a las reglas locales y menos discrecionalidad judicial

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley SB 38 es la restricción a las prácticas locales que antes variaban de un condado a otro. A partir de la reforma, los tribunales de justicia no pueden imponer requisitos procesales adicionales a los autorizados expresamente por la Regla 510. Esto incluye la prohibición de exigir escritos suplementarios, instancias de mediación obligatoria, conferencias previas al juicio u otras actuaciones no contempladas en la norma.

Según detalla Bell Nunnally, esta limitación busca frenar la histórica heterogeneidad de criterios que complicaba los trámites, especialmente para propietarios comerciales o administradores de múltiples inmuebles.

Para los inquilinos, en cambio, el nuevo escenario implica que el margen de flexibilidad judicial es más acotado: el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la regla se vuelve determinante, ya que los jueces cuentan con menos facultades para introducir pasos adicionales o tolerar desvíos procedimentales.

Cambios en las notificaciones y en el inicio del proceso

La SB 38 también introdujo ajustes prácticos en la manera en que los propietarios pueden iniciar un caso de desalojo. Entre las novedades más significativas, se encuentra la ampliación de los métodos válidos para enviar la notificación de desocupación. Además del envío postal tradicional o la entrega personal, ahora se admiten servicios comerciales como UPS o FedEx, así como el correo electrónico.

Bell Nunnally subraya que, en un giro de carácter protector para los arrendatarios, en el primer episodio de mora en el pago del alquiler ya no corresponde una notificación inmediata de desalojo, sino un aviso para pagar o desalojar. Esta exigencia otorga una instancia previa para regularizar la deuda antes de que el propietario avance formalmente con la demanda.

Asimismo, si la citación no se concreta dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación de la demanda, o si la orden de posesión no se ejecuta en los cinco días hábiles posteriores a su emisión, el propietario puede gestionar la diligencia con otro oficial de las fuerzas de seguridad autorizado. Este ajuste apunta a evitar demoras operativas que, en la práctica, prolongaban la ocupación del inmueble más allá de los plazos previstos.

Apelaciones más rápidas y sin efecto suspensivo automático

En materia de recursos, la reforma mantiene el carácter acelerado de las apelaciones en desalojos, pero refuerza la idea de que no deben utilizarse como una herramienta dilatoria. Conforme al nuevo esquema, los tribunales deben celebrar un juicio de nuevo examen dentro de los 21 días de presentada la apelación.

Además, quien recurre debe afirmar que actúa de buena fe, que no busca demorar la restitución y que cuenta con una defensa con fundamento. Este requisito formal no puede ser revisado por el tribunal de justicia que dictó la sentencia original.

Un punto clave para los inquilinos es que la mera interposición de la apelación no suspende automáticamente la ejecución del fallo. Para permanecer en la vivienda durante el trámite, el apelante debe depositar en el registro judicial, dentro de los cinco días desde que interpone el recurso, el monto reclamado en la notificación, y continuar abonando el alquiler en cada período correspondiente.

Si no cumple con estos depósitos o garantías en tiempo y forma, la parte vencedora puede avanzar con la ejecución, incluida la orden de posesión, pese a que la apelación siga en curso.