Cayó una banda que realizaba “sextorsiones” desde la cárcel y engañó a un vecino de Cholila

La Policía Federal desarticuló otra banda que realiza “sextorsiones” desde la cárcel con un modus operandi idéntico al que empujó al suicidio al soldado Rodrigo Andrés Gómez, que se quitó la vida con un tiro de FAL durante su guardia en la quinta de Olivos, el 15 de diciembre pasado, agobiado por las deudas que había contraído y por la expectativa de ser acusado por un falso abuso de menores. Esta célula criminal operaba desde un penal de Mendoza y su víctima había sido un hombre domiciliado en Cholila, Chubut.

Esta causa comenzó en noviembre de 2025. El fiscal Carlos Díaz Mayer, de Lago Puelo, investigaba la denuncia de un vecino de Cholila que había sido contactado a través de Facebook por una mujer que se hacía llamar “Carla”. La siguieron por WhatsApp, con un intercambio de mensajes e imágenes, hasta que la tal Carla dijo que era menor y cortó el contacto.

Acto seguido, un hombre que decía ser el padre de Carla comenzó a extorsionar al cholilense. Le dijo que su hija había intentado matarse, que necesitaba ayuda psicológica urgente y que si no le daba dinero lo iba a denunciar.

Luego aparecieron otros personajes útiles para dar verosimilitud a la trama: abogados y hasta un supuesto fiscal le enviaron documentación apócrifa, incluido un supuesto amparo por “ciberacoso” y un acta de defunción, asegurando que la joven se habría suicidado producto de la situación.

El extorsionado cayó en la trampa: presionado, realizó varias transferencias bancarias a los estafadores, por un monto de 2 millones de pesos. Pero ya no pudo más, y acudió él mismo a la Justicia.

Según se informó, el Juzgado Penal de la Circunscripción Judicial Lago Puelo, a cargo de la magistrada Silvana Cecilia Vélez, ordenó a los efectivos de la División Unidad Operativa Esquel del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) que encare la pesquisa.

Los detectives federales desarrollaron tareas de campo y análisis de movimientos bancarios, logrando reconstruir la ruta del dinero e identificar que los fondos eran derivados a allegados de un interno alojado en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte, de Luján de Cuyo, Mendoza. Ese preso sería el presunto organizador de la maniobra.

En tanto, se detectó que en una vivienda del barrio La Gloria, del departamento cuyano de Godoy Cruz, vivían otros dos integrantes de la banda.

La jueza, entonces, ordenó los allanamientos, que fueron realizados con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la PFA, que identificó y notificó de la formación de la causa a los investigados, todos argentinos y mayores de edad, ahora imputados por “extorsión”. En el procedimiento se secuestraron dos notebooks, ocho teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.