El lobby minero y la amenaza judicial obligan al Gobierno a dilatar la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares depende de una sola cosa, el timing político, y ayer el Gobierno tuvo que lidiar con una primera limitación: la amenaza de la judicialización. La flexibilización de la ley es impulsada por las provincias mineras y logró avanzar con rapidez en el Senado, pero no así en Diputados. Alertados por la posibilidad de una judicialización futura si no habilitaban una audiencia pública antes de avanzar con la sanción, el oficialismo tuvo que postergar el tratamiento. Y la oposición, que se encuentra en desventaja política y numérica, lo festejó como un gol. 

¿Qué puede cambiar con la nueva ley de glaciares que impulsa el Gobierno?

El plan original del Gobierno era darle un tratamiento exprés. Después de la media sanción en el Senado, en donde Patricia Bullrich logró avanzar con la aprobación con el apoyo de un sector del peronismo, el objetivo del oficialismo era dictaminar la semana próxima y convertir la reforma en ley el 18 o 19 de marzo. La oposición, sin embargo, puso el dedo en la llaga y le advirtió: si el Gobierno decidía avanzar con el dictamen sin convocar antes una audiencia pública, tal como exige el Tratado de Escazú (al que la Argentina adhirió y tiene rango constitucional), se arriesgaba a que la Justicia lo trabara. 

“Está comprometida no solo una cuestión jurisdiccional de provincias, que pueden tener desarrollo minero en particular, sino también otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentra dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, advirtió el lilito Maximiliano Ferraro durante el primer plenario de comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz, que estaba conduciendo entonces el debate, no tuvo otra que ceder y acordó convocar una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo. El nuevo plan de trabajo implica un dictamen el 8 de abril y, con suerte, un tratamiento en el recinto la semana siguiente. “Una pequeña victoria”, sacó pecho un armador opositor, que desliza que la única manera de evitar que la reforma se sancione es dilatando lo mayor posible el debate.

En el oficialismo no lo niegan: saben que la buena racha, el estado de gracia legislativa que envuelve a Javier Milei hace más de un mes, tiene fecha de vencimiento. El desafío es aprobar la mayor cantidad de leyes posibles hasta que llegue ese momento. 

Lobby empresario y poroteo legislativo

Mientras la reunión se llevaba a cabo, un conjunto de legisladores y gobernadores participaban de la PDAC 2026, la convención minera internacional más importante que se lleva a cabo cada año en Toronto. En Canadá había dirigentes del peronismo, el radicalismo, La Libertad Avanza, así como varios representantes de fuerzas provinciales del Norte y de la Patagonia. Estaban los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Carlos Sadir (Jujuy), así como algunos diputados peronistas, Fernanda Ávila (Catamarca) y Gabriela Pedrali (La Rioja), y de LLA, entre otros. 

“Si le sumás el viaje de Milei con los gobernadores a Nueva York ahí tenés los votos que necesitan para aprobar la ley”, ironizó otro diputado opositor que, junto a un sector de Unión por la Patria y de la Coalición Cívica, está trabajando para evitar que se reforme la ley de Glaciares. 

En la oposición calculan que el oficialismo cuenta con una base de 129-131 votos a favor de la reforma de la ley. Es decir, más que los necesarios para el quórum pero lo suficientemente justo como para poder hacer lobby para convencer a un grupo de indecisos para rechazar el proyecto del Ejecutivo que, en realidad, es impulsado principalmente por las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan). Apuestan a que, como es un proyecto de origen ajeno –es decir, no propio, sino de las provincias– utilizará la iniciativa como prenda de negociación. Y no tendrá, en consecuencia, tanto interés en sancionarlo. 

La iniciativa deja en manos de las provincias la decisión de si un glaciar o zona periglaciar cumple con una función hídrica relevante y, por lo tanto, prohíbe o no la realización de una actividad productiva en la zona. “Va a ser un dumping en el que las provincias van a competir entre sí para ver quién flexibiliza más las condiciones ambientales”, mascullan en el ala ambientalista de la oposición, y apuntan los cañones contra aquellos sectores que observan que podrían verse directamente perjudicados por una flexibilización en el cuidado de los glaciares. 

En total hay unos 12 o 13 diputados que la oposición tiene identificados como indecisos y susceptibles a ser convencidos. Algunos son del PRO, como el pampeano Martín Ardohain, quien pertenece a una provincia que ya sufrió la pérdida del caudal de agua de un río (el Atuel) por culpa de la actividad de otra provincia (Mendoza). Otros son patagónicos y responden a gobernadores alineados con el Gobierno que, cuando se votó la ley en el Senado, aceptaron que sus senadores votaran en contra del proyecto. Es el caso, por ejemplo, del chubutense “Loma” Ávila. 

En la bancada de UxP ya advierten que la mayoría votará en contra –“Los que impulsan esta ley ya se fueron del bloque”, ironiza una diputada peronista, haciendo referencia a los catamarqueños de Raúl Jalil o los salteños de Gustavo Sáenz–, pero hay tres que podrían acompañar. Es el caso de los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica y la única catamarqueña que quedó en el bloque, Claudia Palladino. 

Las negociaciones recién comenzaron, y en la oposición apuestan a aprovechar el tiempo ganado para presionar, seducir y convencer. Ya se veía, durante la reunión de comisión del miércoles, a Ferraro (CC), Sabrina Selva (UxP) y Paula Penacca (UxP) sondeando diputados de distintos bloques, tanteando qué opinaban de la ley. 

No todos son tan optimistas, sin embargo. En el PJ predomina cierta resignación respecto al poder de disciplinamiento de Milei entre los propios gobernadores peronistas que, mientras estén alineados detrás del presidente, habilitarán la mayoría de los proyectos que proponga el oficialismo. “¿A vos te parece que Jalil, Sáenz o (Osvaldo) Jaldo le van a votar algo en contra? Tienen el número ya”, masculla, irritada, una diputada peronista. 

Es una cuestión de tiempo, insisten. Esperar hasta que a Milei le vaya mal o perecer en el camino. 

MCM/MG

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