El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una iniciativa social que consiste en una colaboración con líderes filantrópicos para ayudar a familias extranjeras. La medida ampliará la asistencia legal y permitirá a las personas satisfacer sus necesidades básicas, en medio del segundo año de la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el presidente Donald Trump.

Gavin Newsom destina una partida inédita para ayudar a familias extranjeras

La oficina de Newsom anunció mediante un comunicado la asociación con la Fundación Comunitaria de California, la Fundación de San Francisco y la Fundación Sierra Health para financiar la medida. Con esta colaboración, el estado moviliza hasta 35 millones de dólares de fondos humanitarios existentes.

La inversión estatal no incluirá pagos en efectivo, sino que permitirá a las organizaciones sin fines de lucro brindar apoyo para cubrir necesidades básicas:

• Asistencia alimentaria.
• Servicios básicos.
• Apoyo comunitario.
• Recursos legales en casos de deportación.

En el texto, el gobernador de California destacó la iniciativa en medio de las políticas restrictivas de la administración Trump.

“Mientras el gobierno federal se centra en las familias trabajadoras, California las apoya, uniendo a sus colaboradores y financiando a las comunidades locales para apoyar a sus vecinos. La urgencia aumenta a medida que la administración Trump acelera las detenciones masivas, pisotea el debido proceso y financia la aplicación autoritaria de la ley con más de 170 mil millones de dólares“, expresó.

Buenas noticias para los migrantes en California en medio de las deportaciones del gobierno federal

A lo largo de 2025, con la estrategia de deportaciones masivas de Trump, agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo detenciones de inmigrantes en todo el territorio de California.

Esta situación derivó en una ola de protestas en el área de Los Ángeles y zonas aledañas. Según un informe de New York Times, hasta junio del año pasado, California fue el estado con el tercer mayor número de arrestos por inmigración después de Texas y Florida, con un incremento del 123% en los arrestos en comparación con 2024.

A su vez, de acuerdo con KTVU FOX 2, las deportaciones en California se duplicaron durante los primeros nueve meses de 2025. En este período, alcanzaron más de 8200 casos.

El aumento de detenciones y expulsiones resalta en un estado que tiene la población inmigrante indocumentada más numerosa de todo el país, de unos 2,3 millones, según CalMatters.

En este contexto, el gobierno indicó en el comunicado que las deportaciones en California podrían reducir drásticamente la economía estatal en US$275 mil millones y eliminar US$23 mil millones en ingresos fiscales anuales.

A su vez, la pérdida de mano de obra inmigrante retrasaría proyectos (incluida la reconstrucción de Los Ángeles tras los incendios forestales), reduciría el suministro de alimentos y aumentaría los costos.

El apoyo de California a familias migrantes como respuesta a las políticas federales

Para mitigar el impacto de las deportaciones en California, la administración Newsom destinó:

• US$75 millones en financiación continua para servicios jurídicos relacionados con la inmigración.
• US$25 millones en fondos de sesiones especiales para servicios jurídicos en procedimientos civiles, incluida la inmigración.
• US$25 millones en financiación única, incluidos US$15 millones para servicios legales de inmigración y US$10 millones para servicios legales para jóvenes y gestión de casos.
• US$20 millones en dos años para apoyar la coordinación regional.

A su vez, las familias compuestas por inmigrantes también sufren el impacto de las políticas federales que restringen los beneficios. Un ejemplo es la eliminación de la cobertura de Medi-Cal a partir de los cambios implementados por el Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS, por sus siglas en inglés).

Con esta medida, se impuso el bloqueo de inscripciones para adultos mayores de 19 años que son indocumentados o no tienen un estatus migratorio satisfactorio para recibir el beneficio.

Recientemente, la senadora María Elena Durazo introdujo el proyecto SB 1422, que ampliaría la cobertura para hacerla completa para todos los grupos etarios. De aprobarse, incluiría ciertas restricciones, como el pago de US$30 mensuales para las personas de entre 19 y 59 años (que no estén embarazadas).