Mientras espera su tratamiento en el recinto, Diputados convoca a una audiencia pública para debatir la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados convocó para los días 25 y 26 de marzo de 2026 a una audiencia pública para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares.

El lobby minero y la amenaza judicial obligan al Gobierno a dilatar la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares

El aviso fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y el formato de la audiencia prevé que habrá doble modalidad de participación, ya que será presencial y virtual, por lo que, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente el 25 de marzo en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en la Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la dinámica se llevará a cabo de manera virtual el 26 de marzo y, según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00.

La Cámara de Diputados había oficializado el jueves la citación a una audiencia pública para los citados días de marzo para escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

Convocatoria Audiencia Publica Ley de Glaciares

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Los participantes tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00, y lo podrán hacer de forma presencial en la oficina de la comisión de Recursos Naturales y Conservación (Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00) o a través de un formulario virtual que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados.

También está habilitada la opción de realizar presentaciones por escrito, con una extensión máxima de diez carillas, ya sea de manera presencial o por correo electrónico a la dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar) hasta el 20 de marzo.

¿Qué puede cambiar con la nueva ley de glaciares que impulsa el Gobierno?

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, promulgada el 30 de septiembre de 2010, enumera los presupuestos y medidas mínimos para el cuidado de los glaciares y las zonas circundantes. Pero el Gobierno nacional intenta dar marcha atrás esa ley y envió al Congreso un proyecto para reformarla (que ya tiene media sanción del Senado y aguarda su turno para ser tratada en Diputados), aprovechando la nueva conformación que logró tras las elecciones de octubre y luego del éxito con la reforma laboral, analiza Ruby Grisin en un artículo publicado el 21 de febrero por elDiarioAR. 

Los cambios propuestos modificarían la ley de glaciares y permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales —que se caracterizan por sus climas fríos, no glaciares, el permafrost y los ciclos de congelación-descongelación—, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Según el Gobierno, los cambios tienen como objetivo “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Hay dos bandos en esta controversia: uno defiende la importancia de preservar estos recursos naturales desde el Estado por diversas razones, entre ellas la vitalidad humana y la prevención del cambio climático. El otro da prioridad a los beneficios económicos de la minería y otras actividades en las reservas de agua dulce andinas, buscando más claridad y sintiendo insatisfecho con la ley actual.

La posibilidad de derogar la Ley 26.639 podría cambiar por completo la forma en que se utilizan legalmente estas reservas de agua, ya que hasta ahora se han considerado bienes públicos. La ley original tenía como objetivo preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua para el consumo humano y otros fines, desde la agricultura hasta la protección de la biodiversidad. 

Si se modifica, el Congreso también podría eliminar el Inventario Nacional de Glaciares, que recopila datos sobre todos los glaciares y geoformas periglaciales del país, y eliminar ciertas protecciones de las que actualmente gozan estas formaciones geológicas. Según la ley actual, cualquier actividad que se realice en zonas glaciares debe someterse a una evaluación de impacto ambiental, salvo en casos de rescate, determinadas investigaciones científicas o deportes no motorizados. El incumplimiento de la ley actual podría dar lugar a multas, que finalmente se utilizan para proteger y recuperar los paisajes afectados.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales destacó la capacidad de los gobiernos provinciales para “favorecer intereses mineros y vulnerar el principio de presupuestos mínimos ambientales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional” en caso de que la ley actual sea revocada. También podría dar lugar a inconsistencias en la aplicación de la ley, con menos regulaciones a nivel estatal.

Los grupos ambientales consideran que este retroceso es una política medioambiental regresiva en un momento en el que se intensifican las tensiones climáticas, que se manifiestan en desastres naturales como los incendios forestales de la Patagonia. El presidente Javier Milei, quien dijo que no cree en el cambio climático, recortó los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y al mismo tiempo ha estado abogando por la derogación de la ley sobre glaciares.

Según las Naciones Unidas, “los glaciares son esenciales para proporcionar agua dulce a más de 2000 millones de personas en todo el mundo”. 

Además, un informe de febrero de varias organizaciones ecologistas señaló que más de la mitad de las especies vertebradas de Argentina viven en regiones de aguas glaciales, y que una proporción aún mayor de especies amenazadas depende de estos mismos sistemas.

Del agua de los glaciares de Argentina dependen más de siete millones de personas

Pero algunas fuentes afirman que la flexibilización de las restricciones podría dar lugar a mejores resultados en la extracción de cobre, lo que impulsaría la ya inestable economía argentina. En este contexto, la inminente decisión del Congreso no solo definirá el alcance de una norma técnica, sino el rumbo de la política ambiental y económica argentina en los próximos años.